Este lunes, la jueza federal de distrito en Tucson, Arizona, Rosemary Márquez, dio luz verde para que la demanda presentada por el gobierno mexicano contra cinco empresas vendedoras de armas continuara su curso legal, aunque rechazó algunos de los argumentos planteados en la demanda.
Entre los argumentos presentados por México se encontraba la afirmación de que una ley estadounidense protegía a la industria de armas de demandas relacionadas con su mal uso, lo que supuestamente bloqueaba a México en su lucha contra los narcotraficantes.
La jueza consideró que estas afirmaciones eran plausibles, dado que las empresas acusadas en el caso – Diamondback Shooting Sports Inc, SnG Tactical LLC, Loan Prairie LLC, Ammo AZ LLC y Sprague’s Sports Inc – habían argumentado que la Ley Federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) las protegía, en una demanda presentada en 2022.
Sin embargo, Márquez señaló que estas empresas estaban exentas de dicha protección, ya que habían violado varias leyes estadounidenses, causando daño al país latinoamericano.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se presentarán pruebas que demuestren la “conducta negligente” de las empresas, buscando así una reparación del daño causado.
