Lizelle González, quien en 2022 enfrentó acusaciones de homicidio por un presunto aborto que resultó en el fallecimiento de un recién nacido, cargos que luego fueron desestimados, ha presentado una demanda contra el fiscal Gocha Allen Ramírez, la asistente del fiscal Alexandria Lynn Barrera y el Condado Starr.
En su demanda, González, quien al ser acusada por Ramírez utilizaba el apellido Herrera, busca una compensación que supera el millón de dólares.
Según los documentos legales, el 7 de enero de 2022, González acudió a la sala de emergencias del Hospital Memorial del Condado Starr después de haber tomado un medicamento para inducir el aborto. Sin embargo, fue dada de alta después de ser examinada y no mostrar signos de contracciones, y después de que se detectaran los latidos del feto.
La demanda alega que entre el 7 de enero y el 30 de marzo de 2022, empleados del hospital violaron las leyes de privacidad al informar al fiscal de distrito del Condado Starr que González había inducido el aborto.
Además, se argumenta en la demanda que ni el Departamento de Policía de Río Grande City ni la Oficina del Alguacil del Condado Starr llevaron a cabo una investigación.
Tres días después de que González fuera acusada, la oficina del fiscal retiró los cargos de homicidio que enfrentaba, ya que no eran aplicables según la ley de Texas.
En aquel momento, a través de un comunicado de prensa, el fiscal Gocha Allen Ramírez informó que se había comunicado con el abogado de González para notificarle que presentarían una moción para retirar los cargos.
