La Administración Trump inició esta semana una nueva ofensiva legal contra el movimiento de “ciudades santuario” en EE. UU., comenzando con Chicago y el estado de Illinois. La demanda busca frenar las políticas locales que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al considerar que obstruyen la aplicación de leyes federales de inmigración.
Este movimiento, que surgió en los años 80 para proteger a los migrantes centroamericanos, ahora acoge a miles de inmigrantes indocumentados en diversas ciudades, incluidos Los Ángeles, Nueva York y Houston. Chicago, con una de las protecciones más sólidas, se enfrenta a una batalla judicial por sus leyes que prohíben la colaboración con ICE en detenciones sin una orden judicial.
El Departamento de Justicia de EE. UU. argumenta que estas normativas son inconstitucionales y solicita a los tribunales que bloqueen la implementación de leyes que dificultan el trabajo de las autoridades federales. Por su parte, los funcionarios de Illinois defienden estas políticas como legales y fundamentales para la seguridad pública, destacando que priorizan recursos policiales para combatir el crimen.
A pesar de que en el mandato anterior, la administración Trump no tuvo éxito en sus intentos de anular las leyes de santuario, ahora confía en que su alineación con un poder judicial favorable cambiará el resultado. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, aseguraron que defenderán con firmeza las leyes que protegen a los migrantes.
