Ciudad de México, 29 de abril de 2025.- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó, con 22 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, la iniciativa de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. El dictamen, avalado por Morena, PVEM y PT, pero rechazado por PAN y PRI, con abstención de MC, busca suprimir, simplificar, digitalizar y homologar trámites en los tres órdenes de gobierno para reducir costos burocráticos y combatir la corrupción.
La nueva ley contempla la creación del Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, donde los ciudadanos podrán realizar trámites digitales mediante la plataforma Llave MX, vinculada a la CURP, como sistema de autenticación e identificación. Además, propone la extinción de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que será reemplazada por la Agencia Nacional de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encargada de supervisar la simplificación y digitalización de procesos.
El presidente de la Comisión, Ricardo Mejía (PT), destacó que la ley persigue una simplificación administrativa para reducir tiempos y cargas económicas que obstaculizan el desarrollo, eliminando trámites innecesarios y promoviendo la transparencia. Sin embargo, la oposición expresó serias preocupaciones: el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) advirtió que la ley fomenta la opacidad, el centralismo y el autoritarismo, al otorgar al gobierno federal control sobre datos personales y biométricos, mientras que Arturo Yáñez (PRI) señaló que se busca concentrar poder y criticó la celeridad para aprobar iniciativas presidenciales sin análisis profundo.
La iniciativa señala que en México existen más de 350 mil trámites a nivel nacional, lo que representa una carga significativa para la población. Para garantizar beneficios sociales y minimizar costos burocráticos, la ley establece la obligación de realizar un Análisis de Impacto Regulatorio, aunque exime de este requisito a disposiciones del Ejecutivo, así como a regulaciones en materia de seguridad, fiscalidad, servicios públicos y emergencias. El dictamen ya fue turnado al pleno para su discusión y posible aprobación.
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