En un fallo que sacude el acceso a la educación superior en Texas, un juez federal declaró inconstitucional la ley estatal que permitía a ciertos estudiantes indocumentados pagar matrícula universitaria con tarifas de residente local, conocidas como in-state tuition. La medida, aprobada originalmente en 2001 bajo el gobierno del republicano Rick Perry, beneficiaba a más de 70 mil jóvenes que viven en el estado sin estatus migratorio legal.
La decisión surge tras una demanda impulsada por el Departamento de Justicia durante la administración del expresidente Donald Trump. Según el fallo, Texas estaba otorgando beneficios educativos de forma “discriminatoria” al favorecer a extranjeros en detrimento de ciudadanos estadounidenses, lo que llevó al juez a invalidar la legislación.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró el veredicto y afirmó que la orden judicial tiene efecto permanente. En la misma línea, el senador estatal Brandon Creighton, uno de los impulsores de leyes para poner fin a esta política, afirmó en redes sociales: “La colegiatura estatal para migrantes ilegales finalmente ha terminado en Texas”.
Sin embargo, la respuesta desde sectores demócratas no tardó. El congresista Joaquín Castro, representante de San Antonio, denunció que esta decisión “lastimará a los texanos” y recordó que fue un gobernador republicano quien instauró la ley hace más de dos décadas. “Se trata de jóvenes que crecieron, estudiaron y se graduaron en Texas. Esta medida les cierra las puertas de la universidad”, afirmó.
La eliminación del programa conocido como Texas Dream Act impactará de manera directa a decenas de miles de estudiantes indocumentados, que ahora enfrentarán matrículas mucho más altas, comparables a las que pagan quienes vienen de otros estados del país.
Organizaciones proinmigrantes y defensores del acceso a la educación anticipan una oleada de protestas y posibles recursos legales en respuesta al fallo. Mientras tanto, miles de jóvenes en Texas quedan en la incertidumbre sobre su futuro académico.
