Washington D.C., 25 de junio de 2025 – La oficina de la ‘parlamentaria’ del Senado determinó que dos disposiciones clave del proyecto de ley impulsado por el presidente Donald Trump violan las reglas de la Cámara Alta, lo que representa un nuevo obstáculo para su ambiciosa agenda legislativa. Según un análisis publicado por NBC News, las propuestas para traspasar a los estados parte de los costos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y excluir a ciertos inmigrantes legales de los beneficios de los ‘cupones para alimentos’ contravienen la ‘regla Byrd’, que regula el proceso de reconciliación presupuestaria usado para aprobar la legislación con mayoría simple.
El proyecto, que busca financiar las deportaciones masivas y extender los recortes tributarios del primer mandato de Trump, depende de ahorros proyectados, incluyendo miles de millones de dólares que los republicanos esperaban obtener al transferir costos de SNAP a los estados. Sin embargo, la ‘parlamentaria’ consideró que esta medida, junto con la exclusión de inmigrantes legales –como aquellos con asilo o menos de cinco años de residencia– del programa, no cumple con las normativas del Senado. Actualmente, SNAP beneficia a más de 40 millones de personas, y las restricciones propuestas podrían dejar sin ayuda alimentaria a unos 3 millones, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
La decisión de la ‘parlamentaria’, aunque no vinculante, suele ser respetada, lo que obliga a los republicanos a revisar o eliminar estas disposiciones, o arriesgarse a necesitar 60 votos para aprobar el proyecto, un desafío dado el rechazo unánime de los demócratas y las dudas de algunos republicanos. La CBO estima que el plan, aprobado ya en la Cámara de Representantes, añadiría $2.4 billones a la deuda federal en una década y dejaría a 10.9 millones de personas sin seguro médico.
La senadora demócrata Amy Klobuchar, figura clave en el comité de Agricultura y Nutrición, celebró la decisión, afirmando que protege a las familias necesitadas y evita transferir costos a los estados. Por su parte, el senador republicano John Boozman, líder del comité, indicó que su equipo evalúa opciones para ajustar el proyecto y garantizar que SNAP beneficie a “quienes realmente lo necesitan” mientras se gestionan responsablemente los fondos públicos.
El proyecto, de unas 1,000 páginas, también incluye medidas como eximir de impuestos las propinas y horas extra, y destinar $350,000 millones a seguridad nacional, incluyendo deportaciones. Además, la ‘parlamentaria’ objetó otras disposiciones, como $250 millones para reparar estaciones de la Guardia Costera afectadas por incendios en 2025. Con una votación prevista en el Senado antes del 4 de julio, los republicanos enfrentan presión para cumplir con las exigencias de Trump, mientras las críticas por el impacto económico y social del plan persisten.
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