El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó al Gobierno federal a disponer de hasta 400 efectivos de la Guardia Nacional texana para apoyar a las autoridades federales en otros estados, como Oregón e Illinois, atendiendo una solicitud del presidente Donald Trump.
El anuncio fue realizado por el propio Abbott en una serie de publicaciones en la plataforma X, donde afirmó que el despliegue busca “dar protección a los agentes federales”, especialmente a los del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Durante la última semana, la Administración Trump ha intensificado su operativo migratorio en ciudades como Chicago, donde se realizaron redadas en centros de trabajo y viviendas, con detenciones de migrantes —con y sin documentos— y de ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, la implementación del envío de tropas aún está en duda, luego de que un juez federal emitiera una orden temporal que prohíbe el traslado de efectivos a Oregón. El fallo responde a una serie de demandas que acusan al Gobierno de violar el Posse Comitatus Act, ley que impide el uso de militares en funciones de seguridad pública.
El Pentágono, por su parte, solicitó al Gobierno de Texas coordinar cualquier despliegue con las autoridades federales, especialmente en zonas donde se han registrado protestas violentas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y juristas calificaron la medida como un “abuso de poder”, advirtiendo que el uso de tropas en territorio estadounidense representa un riesgo para el equilibrio democrático y los derechos civiles.
El Gobierno de Trump ya había enfrentado cuestionamientos similares en 2020, cuando un juez federal acusó a la administración de intentar conformar una fuerza policial nacional bajo control directo del presidente. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha invocado la Ley de Insurrección, el único mecanismo que permitiría legalmente el uso de fuerzas militares en territorio nacional.
