La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles analiza declarar el estado de emergencia local ante el impacto de las redadas migratorias realizadas por autoridades federales en los últimos meses.
La propuesta, impulsada por las supervisoras Lindsey P. Horvath y Janice Hahn, fue sometida a votación este martes y obtuvo cuatro votos a favor y uno en contra. El borrador será revisado nuevamente el 14 de octubre, cuando se decidirá si se aprueba de manera definitiva.
De ser adoptada, la medida otorgaría mayores facultades al condado para asistir a las familias afectadas por las detenciones y deportaciones, incluyendo la agilización de recursos, la contratación de personal de apoyo, y la expansión de servicios legales y financieros dirigidos a comunidades migrantes.
“Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo. Declarar una Emergencia Local es nuestra forma de contraatacar: con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades migrantes”, afirmó la supervisora Horvath.
La posible declaración también contempla protecciones adicionales para inquilinos, como una moratoria de desalojos para quienes hayan perdido ingresos a causa de las operaciones migratorias.
Desde junio, el condado ha reportado un aumento en las detenciones por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que ha generado un clima de temor y vulnerabilidad entre miles de residentes.
La Junta de Supervisores solicitó además un informe legal para identificar mecanismos de respaldo a esta medida y garantizar que el condado cuente con el marco necesario para proteger a las familias afectadas por la aplicación de leyes federales de inmigración.
