Ciudad de México, 3 de diciembre de 2025 – Con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, una reforma que declara el agua como derecho humano, prohíbe su mercantilización y establece penas de hasta ocho años de prisión por delitos relacionados con su robo, acaparamiento o mal uso.
La mayoría de Morena, PT y PVEM avaló la discusión en “fast track” y dispensó todos los trámites, pese a las protestas de la oposición, que denunció falta de análisis y posibles afectaciones al sector agrícola.
Entre los puntos clave del dictamen destacan:
- Se reconoce constitucionalmente el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico.
- Se prohíbe el acaparamiento y la especulación con el recurso.
- Se crea un nuevo capítulo de “Delitos contra las Aguas Nacionales”, perseguidos de oficio, con penas de tres meses a cinco años de prisión por alterar, desviar o contaminar cauces sin autorización, y hasta ocho años cuando involucren corrupción o dádivas para obtener concesiones.
- Se exceptúa expresamente a campesinos y comunidades que usen el agua para consumo personal, doméstico o agropecuario familiar.
- Se permite la transmisión de concesiones de agua al vender o heredar terrenos, siempre con autorización expresa y rápida (máximo 20 días hábiles) de la autoridad.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció que en la discusión en lo particular se presentarán nuevas reservas para pulir el texto, pero advirtió que los principios centrales —derecho humano al agua, combate al robo y recuperación de la rectoría del Estado— son innegociables.
Por su parte, la oposición (PAN, PRI y MC) criticó que la redacción original seguía impidiendo la transmisión de concesiones y calificó de “falsa” la modificación anunciada, mientras productores agrícolas manifestaron preocupación por posibles afectaciones a sus derechos históricos de riego.
El dictamen pasa ahora a discusión en lo particular en la Cámara de Diputados y, de avalarse, será enviado al Senado para su revisión. La iniciativa busca, según el gobierno federal, “dejar de ver el agua como mercancía” y garantizar su acceso equitativo en un contexto de creciente estrés hídrico en el país.
Imagen cortesía: Real Politik
