La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud del gobierno del presidente Donald Trump para implementar nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones intermedias de noviembre de 2026.
La propuesta buscaba otorgar al Servicio Postal de Estados Unidos mayores facultades para revisar las boletas enviadas por correo. Entre las nuevas disposiciones se exigía que los estados entregaran listas de votantes elegibles, utilizaran sobres con códigos de barras autorizados y compartieran grandes cantidades de información mediante un portal digital.
De acuerdo con el plan, el Servicio Postal podría retener las boletas dirigidas a personas que no aparecieran en las listas proporcionadas por los estados. Sin embargo, funcionarios electorales de ambos partidos advirtieron que aplicar estas medidas a pocas semanas de las elecciones podría provocar retrasos, confusión y dificultades para entregar millones de votos.
La mayoría de los magistrados determinó que era poco probable que la administración federal tuviera éxito en su impugnación. Aunque la resolución fue breve y no estuvo firmada, dejó sin efecto la norma del Servicio Postal para las próximas elecciones. Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas expresaron su desacuerdo.
El magistrado Brett Kavanaugh explicó que el Servicio Postal posiblemente tendría autoridad para establecer algunos de estos requisitos, pero consideró que los funcionarios estatales y locales no cuentan con tiempo suficiente para implementarlos correctamente antes de los comicios.
Los estados y las organizaciones defensoras del derecho al voto argumentaron que la Constitución otorga al Congreso y a los gobiernos estatales la responsabilidad de establecer los procedimientos electorales. También señalaron que muchos sobres ya fueron adquiridos y que algunos estados comenzaron a enviar la documentación correspondiente.
Por su parte, el gobierno de Trump aseguró que los cambios tenían como propósito proteger las boletas y garantizar que fueran recibidas únicamente por personas autorizadas para votar.
Con esta decisión, los estados podrán mantener sus procedimientos habituales para el voto por correo durante las elecciones intermedias de 2026, mientras continúa el debate legal sobre las facultades del gobierno federal y del Servicio Postal en materia electoral.
