Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra 11 entidades y funcionarios cubanos vinculados con la industria del níquel y con estructuras militares de la isla, como parte del endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana.
Las medidas alcanzan a ocho empresas y organismos estatales, además de tres oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Los bienes de los sancionados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedarán bloqueados y se restringirán sus operaciones con ciudadanos y compañías de Estados Unidos.
La decisión fue adoptada bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump en mayo de 2026, que permite aplicar restricciones a personas y organizaciones relacionadas con sectores considerados estratégicos para el Gobierno cubano.
Entre las compañías sancionadas se encuentran SERCONI, CEPRONIQUEL, CEDINIQ y PINARES S.A., todas relacionadas con actividades de ingeniería, investigación, servicios técnicos o explotación de recursos minerales, especialmente níquel.
Washington también incluyó a SIMPRO, CIDNAV, CIDAI y GELCOM, organismos vinculados con tecnología militar, sistemas de entrenamiento, investigación naval, armamento y equipos electrónicos y de comunicaciones.
Además, fueron sancionados tres mandos militares: Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director general de SIMPRO; Dioglis Pedreira Argüello, responsable de CIDNAV, y Julio Hurtado Betancourt, director general de CIDAI.
El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que las medidas buscan afectar las fuentes de financiamiento que, según Washington, benefician a las estructuras militares y de seguridad cubanas.
La administración estadounidense sostiene que los ingresos obtenidos mediante la explotación del níquel y otros recursos son utilizados para sostener sectores estratégicos del Gobierno de Cuba.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, advirtió que las restricciones también pueden alcanzar a empresas extranjeras que realicen determinadas operaciones con personas, compañías o sectores incluidos en las sanciones.
Las compañías que pertenezcan directa o indirectamente en un 50 por ciento o más a personas sancionadas también pueden quedar sujetas al bloqueo de activos y a limitaciones financieras.
