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DEA ACUSA CORRUPCIÓN MEXICANA EN CASO DE ‘KIKI’ CAMARENA

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) volvió a señalar a las autoridades mexicanas por presuntos actos de corrupción relacionados con el secuestro, tortura y asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 en Guadalajara, Jalisco.

El director de la agencia estadounidense, Terry Cole, aseguró que el crimen ocurrió en un contexto de corrupción gubernamental en México durante la década de los ochenta, cuando organizaciones criminales mantenían importantes redes de protección.

Las declaraciones fueron realizadas durante un evento en Pensilvania, en el marco de las actividades previas a la Semana del Listón Rojo, una campaña nacional de prevención del consumo de drogas que busca honrar la memoria del agente estadounidense.

Camarena fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, cuando investigaba las operaciones del Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones criminales más poderosas de aquella época. Su cuerpo fue localizado semanas después, el 5 de marzo.

La DEA mantiene una campaña denominada “Justicia para Kiki”, mediante la cual recuerda la trayectoria del agente y señala al narcotraficante Rafael Caro Quintero como uno de los principales responsables de su asesinato.

Actualmente, Caro Quintero permanece detenido en Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y el secuestro y asesinato de Camarena, luego de haber sido entregado por México a las autoridades estadounidenses en febrero de 2025.

El fundador del Cártel de Guadalajara continúa enfrentando un proceso judicial ante una corte federal de Brooklyn. Aunque su defensa ha explorado la posibilidad de alcanzar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía estadounidense, las negociaciones no han concluido.

Las nuevas declaraciones del director de la DEA reavivan uno de los episodios más controvertidos en la historia de la cooperación antidrogas entre México y Estados Unidos, marcado por las acusaciones de corrupción y los vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones del narcotráfico.

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