Una jueza federal de Miami permitió que continúe una demanda que busca abrir una vía para que cientos de miles de cubanos regularicen su situación migratoria en Estados Unidos mediante la Ley de Ajuste Cubano.
La jueza Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, rechazó la petición presentada por el Departamento de Seguridad Nacional para desestimar el caso, al determinar que su tribunal sí tiene jurisdicción para analizar la demanda. Sin embargo, concedió al Gobierno federal una semana para modificar algunos de sus argumentos.
El proceso, identificado como Bello-Rubio contra el Departamento de Seguridad Nacional, fue presentado inicialmente por 992 ciudadanos cubanos que ingresaron a Estados Unidos por la frontera con México. Después de permanecer bajo custodia de las autoridades migratorias, fueron liberados con el formulario I-220A.
Este documento corresponde a una orden de libertad bajo palabra mientras continúa un proceso migratorio, pero no equivale a un permiso humanitario conocido como parole. Esta diferencia ha impedido que numerosos cubanos soliciten la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano.
Los demandantes sostienen que las autoridades los procesaron de manera incorrecta cuando fueron liberados y buscan que esa liberación sea reconocida legalmente como un parole. Si el tribunal acepta su argumento, cada persona tendría que presentar posteriormente su propia solicitud de residencia y demostrar que cumple con los requisitos correspondientes.
El abogado Mark Prada, quien encabeza la representación de los demandantes, calificó la decisión como un avance importante. No obstante, reconoció que todavía queda un largo proceso judicial antes de conocer una resolución definitiva.
Uno de los siguientes pasos será determinar si la demanda puede certificarse como una acción colectiva de alcance nacional. De aprobarse, sus posibles beneficios podrían extenderse a otros cubanos que recibieron el documento I-220A y se encuentran en circunstancias similares.
Los abogados calculan que entre 500,000 y 600,000 cubanos podrían estar en esta situación migratoria después de la eliminación, en 2017, de la política conocida como “Pies secos, pies mojados”.
La Ley de Ajuste Cubano, promulgada en 1966, permite a determinados ciudadanos de Cuba solicitar la residencia permanente después de permanecer al menos un año en Estados Unidos, siempre que hayan sido admitidos o hayan recibido un parole y cumplan con los demás requisitos legales.
La decisión de la jueza no concede residencia, parole ni protección migratoria automática. Únicamente permite que el caso continúe en los tribunales y que sean analizados los argumentos de ambas partes.
