La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Donald Trump a reanudar la construcción de barreras fronterizas en el oeste de Texas, específicamente en la región de Big Bend, que incluye uno de los parques nacionales más importantes del país.
Con una votación de ocho a uno, el máximo tribunal suspendió una orden emitida por una jueza federal que había paralizado las obras debido a cuestionamientos sobre el incumplimiento de diversas leyes ambientales.
La resolución, contenida en un documento de cinco páginas, permite continuar los trabajos de infraestructura fronteriza, incluidos caminos de vigilancia, barreras y sistemas de seguridad, mientras sigue su curso el litigio sobre la legalidad del proyecto.
Los magistrados consideraron que los intereses del gobierno estadounidense en materia de seguridad fronteriza tienen mayor peso que los posibles daños ambientales y recreativos señalados por los demandantes. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única integrante del tribunal que se pronunció en contra de la medida.
El proyecto contempla la construcción de barreras de hasta nueve metros de altura en distintos puntos de la región, así como la instalación de tecnología de vigilancia. Aunque el área comprende el Parque Nacional Big Bend, las autoridades fronterizas han señalado que no contemplan levantar un muro físico dentro del parque, sino desarrollar infraestructura de patrullaje y seguridad.
La decisión ha provocado el rechazo de organizaciones ambientalistas y habitantes de la región, quienes advierten que las obras podrían causar daños irreversibles a ecosistemas, especies protegidas, sitios arqueológicos y paisajes naturales.
Entre las organizaciones opositoras se encuentra el Centro para la Diversidad Biológica, que cuestionó la resolución judicial y acusó a la administración Trump de poner en riesgo una de las áreas naturales más importantes de Texas.
Los opositores también argumentan que el sector de Big Bend registra una de las menores cantidades de cruces migratorios irregulares en la frontera sur, por lo que cuestionan la necesidad de ampliar las barreras en esta zona.
Aunque la construcción podrá reanudarse, la decisión de la Corte Suprema no resuelve definitivamente la controversia legal, por lo que continuará el proceso judicial para determinar si el gobierno federal actuó dentro de sus facultades al suspender requisitos ambientales para acelerar las obras.
