Una jueza federal de Estados Unidos ordenó suspender temporalmente una medida de la administración del presidente Donald Trump que buscaba acelerar la cancelación del estatus migratorio de refugiados, reduciendo de 30 a solo 10 días el plazo para que pudieran defenderse ante las autoridades.
La jueza Julia Kobick, del Tribunal Federal de Massachusetts, emitió la resolución este martes 27 de octubre, estableciendo que el gobierno no podrá retirar el estatus de refugiado por falta de respuesta a las notificaciones emitidas entre el 14 y el 27 de octubre, periodo durante el cual estuvo vigente la nueva disposición.
La decisión representa un alivio inmediato para miles de refugiados que enfrentaban el riesgo de perder su protección migratoria y quedar expuestos a procesos de deportación.
Durante más de cuatro décadas, las autoridades estadounidenses habían otorgado un plazo de 30 días para responder a este tipo de procedimientos.
La resolución surge después de que organizaciones defensoras de migrantes y varios refugiados presentaran una demanda contra tres políticas impulsadas por el gobierno de Trump, relacionadas con la suspensión de solicitudes de residencia permanente, nuevas revisiones del estatus migratorio y la reducción de los tiempos para cancelar la protección de refugiados.
De acuerdo con cifras federales citadas por los demandantes, aproximadamente 113 mil refugiados mantienen solicitudes pendientes de residencia permanente, mientras que la nueva política de cancelación podría alcanzar hasta 186 mil casos.
Las organizaciones advirtieron que estas medidas podrían obstaculizar el camino hacia la ciudadanía de personas que llevan años viviendo legalmente en Estados Unidos, además de provocar la pérdida de permisos laborales y aumentar el riesgo de detenciones y deportaciones.
Por su parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) defendió las acciones del gobierno, argumentando que durante la administración anterior se debilitaron los controles de seguridad y los mecanismos de verificación para admitir refugiados.
Aunque la suspensión representa un primer revés judicial para la administración Trump, la batalla legal continúa, ya que las organizaciones demandantes buscan que las tres políticas sean anuladas definitivamente.
Por ahora, la orden judicial impide que las autoridades castiguen a los refugiados por no responder a las notificaciones emitidas durante el periodo señalado, mientras el tribunal continúa analizando el caso.
