El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos anuló la condena contra Jaime Tovar-Durán, ciudadano mexicano declarado culpable en 2020 de ingresar de manera irregular al país, luego de concluir que fiscales no revelaron oportunamente información que podía ser relevante para su defensa.
El caso tomó un nuevo giro al conocerse que dos de los tres agentes de la Patrulla Fronteriza que declararon contra Tovar-Durán habían formado parte de un grupo privado de Facebook en el que circularon publicaciones racistas, misóginas y mensajes ofensivos contra migrantes.
Un panel integrado por tres jueces determinó que el gobierno incumplió con su obligación constitucional de entregar pruebas potencialmente importantes para evaluar la credibilidad y posible parcialidad de los testigos.
La jueza Ana de Alba, encargada de redactar la resolución, señaló que la participación de los agentes en ese espacio digital podía ser utilizada como elemento para analizar un posible prejuicio contra personas extranjeras o sin ciudadanía estadounidense.
El tribunal ordenó que una corte inferior revise ahora si la falta de información pudo haber influido de manera determinante en el resultado del juicio.
EL GRUPO QUE DESATÓ EL ESCÁNDALO
La controversia se relaciona con el grupo privado de Facebook denominado “I’m 10-15”, cuyo nombre hacía referencia a un código utilizado por agentes fronterizos para identificar la detención de migrantes sin documentos.
La existencia del grupo salió a la luz en 2019. Llegó a reunir aproximadamente a 9 mil 500 integrantes, entre agentes activos y retirados de la Patrulla Fronteriza.
Dentro de ese espacio fueron identificadas publicaciones ofensivas contra migrantes, contenido de carácter sexual relacionado con legisladoras latinas y mensajes que ponían en duda hechos relacionados con fallecimientos ocurridos en la frontera.
Posteriormente, una investigación del Congreso estadounidense encontró que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, tenía conocimiento de conductas irregulares relacionadas con el grupo desde años antes de que el caso se hiciera público.
Aunque hubo recomendaciones para separar del cargo a varios agentes, únicamente dos fueron despedidos. La agencia sostuvo entonces que las publicaciones discriminatorias contravenían sus normas internas, aunque pertenecer al grupo por sí solo no implicaba automáticamente una sanción.
EL CASO DE TOVAR-DURÁN
De acuerdo con documentos judiciales, Jaime Tovar-Durán fue detenido en noviembre de 2019 a unos cinco kilómetros del puerto fronterizo de Tecate, California, pocos días después de haber sido deportado a México.
Durante el juicio, un agente aseguró que el mexicano reconoció no contar con documentación que le permitiera permanecer legalmente en Estados Unidos.
En un primer momento, los fiscales señalaron que ninguno de los agentes relacionados con la investigación pertenecía al grupo de Facebook. Sin embargo, poco antes de iniciar el juicio informaron a la defensa que dos de los tres testigos sí habían sido miembros.
Uno de ellos habría participado en la entrevista realizada a Tovar-Durán, mientras que otro revisó sus antecedentes migratorios.
La defensa solicitó tener acceso a más información relacionada con la actividad de estos agentes dentro del grupo, pero el juez de primera instancia rechazó la petición y consideró suficientes las pruebas presentadas para mantener la condena.
Ahora, el tribunal de apelaciones determinó que no puede descartarse que la información omitida hubiera servido para cuestionar la imparcialidad de los agentes y, eventualmente, influir en el veredicto.
La abogada de Tovar-Durán sostuvo que la resolución refuerza la importancia de respetar el debido proceso y de garantizar que la defensa tenga acceso completo a las pruebas relevantes.
El futuro del procedimiento todavía deberá definirse, especialmente porque Tovar-Durán actualmente reside en México y existe incertidumbre sobre la manera en que podría participar en las siguientes etapas judiciales.
Por su parte, el CBP señaló que no realiza comentarios sobre casos específicos de personal, pero aseguró que exige a sus empleados altos estándares de integridad y conducta dentro y fuera de sus funciones.
