Un tribunal federal de apelaciones ratificó que el Gobierno de Donald Trump no puede mantener detenidas de manera indefinida a personas migrantes sin brindarles acceso a una audiencia en la que puedan solicitar su libertad bajo fianza.
La decisión fue emitida por la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito, con jurisdicción en Texas, Louisiana y Mississippi, al confirmar un fallo previo de una corte de distrito en Texas que ordenó la liberación de tres hombres detenidos por autoridades migratorias.
El caso involucra a Ignacio Sosnava Rodríguez, Alejandro Villegas Ángel y Miguel Ángel Gómez Alvarado, quienes fueron arrestados durante operativos de ICE tras haber vivido en Estados Unidos por más de una década sin estatus legal. De acuerdo con el expediente, ninguno de ellos tenía órdenes de deportación pendientes ni antecedentes penales al momento de su detención.
Con el respaldo de organizaciones defensoras de migrantes, entre ellas el American Immigration Council, los tres presentaron una demanda para exigir una audiencia de fianza, argumentando que la Quinta Enmienda les garantiza el derecho al debido proceso.
Tanto la corte de distrito como el tribunal de apelaciones coincidieron en que mantenerlos detenidos sin una revisión judicial adecuada resultaba injustificado, especialmente al tratarse de personas que podrían ser elegibles para continuar su proceso migratorio en libertad.
En su resolución, el tribunal señaló que no existía razón para que los tres migrantes permanecieran más tiempo bajo custodia antes de enfrentar una eventual orden de deportación, y subrayó que, incluso si dichas órdenes fueran emitidas, la detención no necesariamente sería indispensable.
El fallo representa un nuevo revés para la política migratoria impulsada por la Administración Trump, que en julio de 2025 modificó un criterio vigente durante décadas y restringió la posibilidad de que ciertos migrantes detenidos solicitaran audiencias de fianza.
El Departamento de Seguridad Nacional había sostenido que la medida podía aplicarse incluso a personas con largos periodos de residencia en Estados Unidos y sin antecedentes penales. Sin embargo, distintas cortes del país han comenzado a considerar que esta restricción podría violar derechos constitucionales en casos específicos presentados mediante recursos de habeas corpus.
Con esta nueva determinación, el debate sobre los límites de la detención migratoria vuelve a colocarse en el centro de la discusión judicial en Estados Unidos.
