La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como “R5” o “Wicho”, perdió la vida durante un enfrentamiento registrado en el municipio de Tocumbo, Michoacán.
El operativo fue desplegado la noche del domingo 30 de agosto como resultado de labores de inteligencia desarrolladas por la XII Región Militar. En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Guardia Civil de Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
De acuerdo con la información oficial, Barragán Chávez fue localizado en la ranchería Rodeo del Pinal. Al momento de la intervención se produjo un enfrentamiento armado en el que el presunto dirigente criminal y uno de sus acompañantes perdieron la vida.
Después del operativo, las autoridades aseguraron dos fusiles automáticos, cargadores, cartuchos de diferentes calibres y una cuatrimoto. Los indicios quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.
La Defensa señaló que “R5” habría asumido el control del Cártel de Los Reyes tras la detención de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, ocurrida el pasado 1 de agosto en el municipio de Los Reyes de Salgado.
La captura de Fernández Magallón provocó bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos puntos de Michoacán, presuntamente con la intención de impedir su traslado a la Ciudad de México. Las autoridades informaron que estas acciones fueron posteriormente controladas.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, había identificado a Barragán Chávez como uno de los principales encargados de las extorsiones contra productores de aguacate en la región de Los Reyes.
El señalado también habría mantenido vínculos con Juan José Farías Álvarez, conocido como “El Abuelo”, presunto líder del Cártel de Tepalcatepec, organización con presencia en diferentes zonas de Michoacán.
Barragán Chávez contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos. Desde julio de 2023 era requerido por autoridades del Distrito de Columbia por acusaciones relacionadas con conspiración para distribuir sustancias ilícitas y delitos vinculados con armas.
El Gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta tres millones de dólares por información que permitiera localizarlo y detenerlo.
