Organizaciones defensoras de derechos civiles interpusieron una nueva demanda para bloquear parcialmente la controvertida ley migratoria SB4 en Texas, que permitiría a policías y jueces locales arrestar y ordenar la deportación de personas sospechosas de ingresar de manera irregular desde México.
El recurso legal fue presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, quienes solicitaron a un tribunal federal impedir que varias disposiciones del Proyecto de Ley del Senado 4 (SB4) entren en vigor el próximo 15 de mayo.
La legislación, aprobada en 2023, había permanecido suspendida tras una impugnación previa; sin embargo, recientemente un tribunal de apelaciones determinó que los demandantes no tenían legitimidad procesal para continuar con el caso, lo que abrió la puerta a su eventual aplicación.
Entre los puntos más polémicos, la norma tipifica como delito estatal el ingreso irregular, con sanciones que van desde seis meses de prisión hasta penas más severas para reincidentes. Además, faculta a jueces estatales para ordenar deportaciones y obliga a continuar procesos penales aun cuando existan procedimientos migratorios en curso.
La directora legal de la ACLU en Texas, Adriana Piñon, advirtió que la ley podría convertir a policías y jueces en agentes migratorios, afectando incluso a personas con vínculos familiares o estatus legal en el país.
El debate se da en un contexto de presión política por parte del gobernador Greg Abbott, quien ha impulsado una mayor colaboración entre autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de críticas por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.
Los demandantes sostienen que la aplicación de leyes migratorias corresponde exclusivamente al gobierno federal, por lo que consideran que Texas estaría excediendo sus facultades con la implementación de la SB4.
