Una coalición integrada por nueve organizaciones presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para intentar impedir el eventual despliegue de agentes federales armados en centros de votación durante las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
La acción legal fue interpuesta ante una corte federal del Distrito de Columbia e incluye como demandados al Departamento de Seguridad Nacional, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y al Departamento de Justicia, además de funcionarios responsables de dichas dependencias.
Las organizaciones sostienen que el objetivo de la querella es proteger el ejercicio del voto y evitar que determinadas comunidades enfrenten temor o intimidación al momento de acudir a las urnas.
De acuerdo con los demandantes, el gobierno federal habría ampliado su margen de actuación para permitir que agentes armados operen en las inmediaciones de centros electorales, además de debilitar mecanismos internos destinados a prevenir interferencias de agencias federales en los comicios.
La coalición advirtió que una eventual presencia de fuerzas federales podría afectar principalmente a votantes afroamericanos, latinos, asiático-americanos, ciudadanos naturalizados, inmigrantes y familias con integrantes de distintos estatus migratorios.
Según el planteamiento presentado ante la corte, algunos electores podrían evitar acudir a votar ante el temor de ser interrogados, vigilados, detenidos o encontrarse con operativos de seguridad en las inmediaciones de los centros electorales.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha señalado que no se contempla desplegar agentes dentro de los centros de votación, una práctica restringida por la legislación federal. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de una intervención en situaciones relacionadas con órdenes de arresto o amenazas contra instalaciones electorales.
Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, también mencionó durante una comparecencia en el Senado la posibilidad de utilizar recursos federales con el argumento de garantizar la integridad del proceso electoral.
Las organizaciones consideran que este tipo de declaraciones pueden generar incertidumbre entre los votantes y afectar la confianza pública en las elecciones.
Por ello, solicitaron al tribunal que limite el uso de fuerzas del orden federales en centros de votación y sus alrededores, salvo en circunstancias expresamente permitidas por la ley.
La disputa legal se produce mientras Estados Unidos se prepara para unas elecciones de mitad de mandato marcadas por la confrontación política, el debate sobre migración y las preocupaciones en torno a la seguridad y participación electoral.
