La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó a un tribunal federal que actualmente no puede cumplir con la orden judicial que exige devolver el dinero recaudado por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, los cuales fueron declarados ilegales por la Corte Suprema de Estados Unidos.
En un documento presentado ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, el funcionario de la agencia, Brandon Lord, explicó que la dependencia no tiene la capacidad de ejecutar la orden emitida el 4 de marzo de 2026, que instruye modificar el tratamiento de los aranceles relacionados con la disputa comercial.
La postura del organismo también se extiende a una segunda resolución del 5 de marzo vinculada al caso Atmus, en la cual un juez ordenó revisar y liquidar operaciones de importación —tanto las pendientes como aquellas que aún no eran definitivas— sin considerar los aranceles aplicados bajo la legislación de emergencia utilizada por la administración Trump.
El conflicto legal se originó luego de que el máximo tribunal estadounidense determinara el 20 de febrero de 2026 que el mandatario excedió sus facultades al aplicar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer tarifas comerciales durante un periodo de paz.
Tras ese fallo, el tribunal especializado en comercio internacional ordenó al gobierno suspender la aplicación de dichos aranceles en casos abiertos y dejó abierta la posibilidad de reembolsar los montos ya cobrados.
De acuerdo con cifras de la propia CBP, los gravámenes aplicados bajo esa legislación generaron alrededor de 166 mil millones de dólares. Además, señaló que al 4 de marzo existían cerca de 20.1 millones de operaciones de importación que aún no habían sido liquidadas.
El escrito fue presentado antes de que el juez Richard Eaton iniciara una audiencia en Nueva York para analizar el proceso de devolución de los recursos relacionados con estos aranceles.
