El gobierno federal de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Illinois, cuestionando que universidades públicas otorguen matrículas reducidas y ayuda financiera a estudiantes sin estatus migratorio legal.
La acción legal, interpuesta en el distrito sur de Illinois, sostiene que estas políticas violan la ley federal, que prohíbe ofrecer beneficios educativos a inmigrantes indocumentados si no están disponibles para ciudadanos con residencia legal.
Pam Bondi, fiscal federal, señaló que las medidas estatales contradicen órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que buscan impedir beneficios fiscales o trato preferencial a inmigrantes ilegales. “Los estudiantes estadounidenses no deben ser tratados como ciudadanos de segunda clase”, afirmó.
Actualmente, las universidades de Illinois permiten matrículas y becas sin considerar el estatus migratorio, una política respaldada por sectores académicos y organizaciones de derechos humanos, pero que ahora enfrenta un posible revés judicial. La Casa Blanca ya había bloqueado iniciativas similares en Texas, vigentes desde 2001.
