El gobierno de Estados Unidos ampliará a partir del 9 de septiembre de 2026 el cobro de una tarifa adicional para determinadas peticiones de trabajadores extranjeros con visas H-1B y L-1, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los empleadores contemplados por la medida deberán pagar 4,000 dólares por cada petición H-1B y 4,500 dólares por las correspondientes a la categoría L-1, incluso cuando se trate de una extensión de estatus para conservar al trabajador dentro de la misma compañía.
El cargo, denominado oficialmente Tarifa de Respuesta al 9-11 y Biométrica de Entrada-Salida, no es nuevo. Anteriormente se aplicaba a peticiones iniciales y cambios de empleador, pero las renovaciones efectuadas por una misma empresa permanecían exentas.
La modificación publicada en el Registro Federal elimina esa excepción y obliga a las compañías cubiertas a absorber el pago cada vez que soliciten prolongar el estatus migratorio de sus empleados. La tarifa recae sobre el empleador y no deberá ser pagada directamente por el trabajador.
La visa H-1B permite contratar temporalmente a extranjeros especializados en áreas como tecnología, ingeniería y salud, mientras que la L-1 facilita el traslado de personal desde una oficina internacional hacia una sucursal de la misma empresa en territorio estadounidense.
La disposición no afectará a todos los negocios. Únicamente alcanzará a compañías con al menos 50 empleados en Estados Unidos y cuya plantilla esté integrada en más de 50% por trabajadores con estatus H-1B o L-1.
De acuerdo con estimaciones del DHS, la proporción de peticiones sujetas al cargo aumentará del 27% al 75%. La dependencia calcula que la modificación tendrá impacto en aproximadamente 16% de las pequeñas empresas que tramitan estas categorías migratorias.
El gobierno estadounidense sostiene que la ampliación permitirá financiar los sistemas de verificación biométrica fronteriza y elevar una recaudación que quedó muy por debajo de las proyecciones del Congreso. En el año fiscal 2025 se obtuvieron 25.6 millones de dólares, frente a una estimación original de 420 millones anuales.
La medida recibió 146 comentarios durante el proceso regulatorio, la mayoría en contra. Sus críticos advirtieron que el aumento de los costos podría reducir la contratación de talento extranjero y representar una carga administrativa adicional para empresas altamente dependientes de estos trabajadores.
