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JUEZ NOMBRADO POR TRUMP FRENA A SU GOBIERNO POR DATOS ELECTORALES

Un juez federal desestimó una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos que buscaba obligar a las autoridades de Utah a entregar su base completa de registros electorales, incluidos datos personales de los ciudadanos inscritos para votar.

El fallo fue emitido por David Barlow, juez nombrado por Donald Trump, en el proceso contra la vicegobernadora republicana Deidre Henderson, quien también encabeza la administración electoral del estado. La resolución representa un nuevo revés para los esfuerzos del Gobierno federal por obtener padrones electorales sin información reservada. 

La solicitud incluía nombres, fechas de nacimiento, domicilios y datos de identificación, como números de licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos del Seguro Social. Utah se había negado a proporcionar la base completa, lo que llevó al Departamento de Justicia a recurrir a los tribunales.

Para justificar su petición, el Gobierno invocó disposiciones de la Ley de Derechos Civiles de 1960 relacionadas con la conservación y revisión de documentos electorales. Sin embargo, Barlow concluyó que esas disposiciones no obligan a Henderson a entregar la base de datos solicitada en los términos planteados por las autoridades federales. 

El juez desestimó la demanda de manera definitiva en esa instancia, impidiendo que el Departamento de Justicia vuelva a presentar la misma reclamación ante el tribunal. No obstante, la resolución puede ser impugnada mediante una apelación.

Henderson celebró el fallo y destacó la importancia de proteger la información privada de los votantes. Por su parte, el Departamento de Justicia confirmó que buscará apelar la decisión, por lo que la disputa podría continuar ante un tribunal superior. 

El caso se desarrolla a pocos días de las elecciones intermedias del 3 de noviembre y forma parte de una controversia nacional sobre el acceso federal a los registros electorales. La decisión en Utah se refiere a la facultad legal para exigir esos datos; no constituye una determinación sobre la existencia de votos ilegales. 

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