Una jueza federal de California ordenó este jueves 29 de octubre frenar las detenciones migratorias basadas únicamente en características raciales o en la apariencia física de las personas, representando un nuevo revés judicial para las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La resolución, emitida por la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, establece que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza no podrán detener a individuos solamente por parecer latinos o pertenecer a la clase trabajadora, sin contar con elementos adicionales que justifiquen una sospecha razonable.
La medida aplica en siete condados del sur de California, entre ellos Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo. La orden contempla excepciones para operaciones realizadas en puertos de entrada y puntos de control fronterizo.
El fallo responde a una demanda presentada en 2025 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones defensoras de migrantes, quienes denunciaron prácticas discriminatorias durante los operativos de las autoridades federales.
Durante el proceso judicial se presentaron pruebas, incluidos videos y comunicaciones entre agentes, que apuntaban a la utilización de perfiles raciales para identificar a posibles migrantes indocumentados.
La ACLU celebró la decisión y anunció que vigilará el cumplimiento de la orden, al considerar que representa una protección para las comunidades latinas que han denunciado detenciones arbitrarias en sus lugares de trabajo y espacios públicos.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado las acusaciones de discriminación racial, argumentando que sus operativos migratorios se realizan conforme a la legislación estadounidense y con base en investigaciones.
La resolución no impide que ICE continúe realizando operativos migratorios, pero establece límites a las detenciones sustentadas exclusivamente en estereotipos raciales.
La decisión se conoce a pocos días de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en las que la política migratoria se mantiene como uno de los principales temas de confrontación entre republicanos y demócratas.
