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JULIETA RAMÍREZ NIEGA SER INVESTIGADA EN ESTADOS UNIDOS

La senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, negó mantener contacto o haber firmado algún acuerdo de colaboración con autoridades de Estados Unidos, luego de que un reportaje periodístico señalara la existencia de un supuesto acercamiento con fiscales federales.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la legisladora aseguró que no enfrenta ninguna investigación en México ni en territorio estadounidense. También afirmó que el documento presentado como parte de la investigación periodística es falso y que nunca lo ha visto ni firmado.

“Quiero dejar muy claro que todo el reportaje es completamente falso”, declaró Ramírez, quien actualmente busca la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California.

La controversia surgió después de que la unidad N+ Focus informara sobre un supuesto proffer agreement, un acuerdo preliminar mediante el cual una persona puede proporcionar información a las autoridades bajo determinadas condiciones legales.

De acuerdo con el reportaje, Ramírez presuntamente habría buscado colaborar con fiscales federales en San Diego para entregar información y obtener posibles beneficios procesales. Sin embargo, la senadora rechazó categóricamente esa versión y sostuvo que no existe ningún documento firmado por ella.

La legisladora atribuyó los señalamientos a una campaña de desprestigio dirigida contra su persona y contra el movimiento político al que pertenece. También criticó a los medios y comentaristas que, según afirmó, difundieron las acusaciones sin comprobar la autenticidad de la documentación.

Ramírez reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a los principios de Morena y a la soberanía de México. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre alguna confirmación oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos que permita comprobar los señalamientos difundidos.

El medio responsable de la investigación mantiene su versión y asegura que la información fue verificada, por lo que el caso continúa generando controversia política rumbo al proceso electoral de Baja California.

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