El Gobierno del presidente Donald Trump anunció nuevas restricciones para acceder a programas federales de asistencia para vivienda en Estados Unidos, una medida que podría afectar a cerca de 80 mil personas, entre ellas aproximadamente 37 mil menores de edad, incluidos niños con ciudadanía estadounidense.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) publicó este jueves 12 de noviembre una normativa que endurece los requisitos de elegibilidad para recibir subsidios habitacionales, particularmente en hogares donde conviven ciudadanos estadounidenses con familiares que no cuentan con un estatus migratorio autorizado.
La disposición modifica la aplicación de la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, estableciendo que todos los solicitantes y beneficiarios deberán comprobar su ciudadanía estadounidense o condición migratoria elegible, independientemente de su edad.
Uno de los cambios más importantes afecta directamente a las familias con estatus migratorio mixto, que actualmente pueden recibir una ayuda económica proporcional, calculada únicamente con base en los integrantes que cumplen los requisitos legales.
Con las nuevas reglas, este beneficio dejará de ser permanente y se otorgará únicamente de manera temporal mientras se verifica la elegibilidad de los miembros del hogar, lo que podría provocar que algunas familias pierdan el apoyo o enfrenten decisiones difíciles sobre su permanencia en viviendas subsidiadas.
De acuerdo con estimaciones del Center on Budget and Policy Priorities, alrededor de 20 mil familias podrían resultar afectadas, lo que representa aproximadamente 80 mil personas, incluidos cerca de 37 mil niños.
Por su parte, el secretario del HUD, Scott Turner, defendió las modificaciones al asegurar que los recursos financiados con impuestos deben destinarse exclusivamente a personas que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación estadounidense.
El funcionario también informó que cerca de 200 mil inquilinos beneficiarios de programas federales presentan verificaciones de elegibilidad incompletas o desconocidas.
La normativa entrará en vigor el 14 de diciembre de 2026 y contempla periodos de transición y mecanismos de revisión antes de que se suspendan determinados beneficios.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han advertido que las restricciones podrían incrementar la inseguridad habitacional y afectar principalmente a familias de bajos ingresos con hijos nacidos en Estados Unidos.
La medida representa un nuevo endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump, al extender las verificaciones de estatus migratorio a los programas de vivienda subsidiada, en un país donde actualmente solo una de cada cuatro familias elegibles que necesitan asistencia habitacional logra recibir este apoyo.
