Una coalición de organizaciones proinmigrantes solicitó este viernes a la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, y a los legisladores estatales que adopten medidas para proteger a los migrantes indocumentados de las posibles deportaciones masivas anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Los grupos pidieron que el estado implemente nuevas regulaciones para evitar que la información personal y el estatus migratorio de los migrantes sean compartidos con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En un contexto de creciente preocupación por las políticas migratorias de la próxima administración federal, las organizaciones instaron a los funcionarios estatales a que impidan que los recursos del estado sean utilizados para financiar la ampliación de centros de detención o para llevar a cabo operaciones de detención masiva de inmigrantes. Además, se enfatizó la importancia de proteger a los inmigrantes que residen en Nuevo México, muchos de los cuales, temen que su información personal pueda ser utilizada por el gobierno federal en su campaña de deportación.
Nuevo México ha sido históricamente un estado que se ha destacado por su apoyo a los inmigrantes, siendo el primero en otorgar permisos de conducir a inmigrantes indocumentados. Esto ha generado una creciente preocupación entre la comunidad migrante sobre la posibilidad de que esa información sea compartida con las autoridades federales bajo el nuevo gobierno de Trump.
“Los inmigrantes son una parte vital de la economía de Nuevo México y en la legislatura apoyaremos a nuestras familias migrantes”, expresó Javier Martínez, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de Nuevo México, durante una conferencia de prensa. Martínez destacó que los inmigrantes, muchos de los cuales trabajan en sectores clave como la agricultura y la industria del gas natural, son esenciales para el funcionamiento de la economía estatal.
El legislador agregó que las deportaciones masivas y las redadas no solo serían un golpe para la economía, sino que también generarían una crisis humanitaria, separando a miles de familias. “Si tenemos deportaciones o redadas masivas de trabajadores migrantes sería un duro golpe para nuestra economía”, subrayó Martínez, quien también recordó que las políticas inclusivas en Nuevo México han permitido a los inmigrantes acceder a derechos laborales, salarios justos y tarifas de colegiaturas de residentes en universidades y colegios comunitarios.
Según el grupo Somos Un Pueblo Unido, en Nuevo México viven alrededor de 60,000 inmigrantes indocumentados, lo que representa aproximadamente el 10% de la población total del estado. La coalición de organizaciones instó al gobierno estatal a tomar medidas decisivas para garantizar que los inmigrantes no sean objeto de persecución ni deportación en virtud de su estatus migratorio.
Por su parte, la gobernadora Michelle Lujan Grisham, quien es demócrata, ya se ha pronunciado en contra de las políticas migratorias de la administración de Trump. En una entrevista reciente con la cadena MSNBC, Lujan Grisham dejó claro que no cooperará con los planes de deportaciones masivas que se han anunciado, reafirmando su compromiso con la protección de la comunidad migrante en Nuevo México.
El llamado a la acción de los grupos proinmigrantes se da en un contexto de creciente incertidumbre sobre las políticas migratorias que implementará la administración de Trump, cuyas propuestas han generado preocupación entre las comunidades de inmigrantes en todo el país. A medida que se acercan los primeros días del nuevo gobierno, la protección de los derechos de los migrantes se ha convertido en un tema crucial en varios estados fronterizos, como Nuevo México, que comparten una relación cercana con la comunidad migrante.
