En una nueva medida que podría impactar a miles de migrantes, la Administración Trump planea imponer sanciones económicas severas a aquellos que no abandonen Estados Unidos después de recibir órdenes de deportación. Según documentos revisados por la agencia Reuters, las multas podrían ascender a hasta 998 dólares diarios si los migrantes no cumplen con su deportación, una política que se basa en una ley de 1996.
Este tipo de sanciones, que se aplicaron por primera vez en 2018, podrían ahora ser retroactivas, lo que significaría que aquellos que no hayan cumplido con su orden de salida en los últimos cinco años podrían enfrentar multas superiores a un millón de dólares. La Administración ha señalado que no solo se aplicarán las multas, sino que también se confiscarán propiedades de los migrantes que no paguen las sanciones. Esta medida se está llevando a cabo con el respaldo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quien ha enfatizado la necesidad de que los migrantes utilicen una aplicación móvil, conocida como CBP Home, para “autodeportarse” y salir del país de manera voluntaria.
Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, señaló en un comunicado que aquellos que no hagan uso de esta herramienta y continúen en el país después de la orden de deportación enfrentará las “consecuencias”, incluyendo la multa diaria de 998 dólares. McLaughlin dejó claro que la Administración de Trump ve esta política como una forma de incentivar la salida voluntaria y ordenada de los migrantes que no cumplen con las normativas de inmigración.
La situación ha sido criticada por varios defensores de los derechos humanos, quienes argumentan que estas medidas son excesivas y agravan la ya difícil situación de los migrantes en el país. Por su parte, la Casa Blanca ha presionado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que gestione el cobro de las multas y la venta de bienes de los migrantes que no puedan pagar.
A medida que se desarrolla esta política, será clave observar cómo afecta a los miles de migrantes que se encuentran en el país sin estatus legal y cómo responderán las autoridades y los defensores de los derechos civiles ante una medida de esta magnitud.
