Boston, 6 de mayo de 2025 – Una corte de apelaciones en Boston rechazó la solicitud del gobierno de Donald Trump para cancelar el programa de ‘parole’ humanitario (CHNV), que beneficia a más de 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en Estados Unidos. La decisión mantiene vigente una orden judicial de abril que bloqueó temporalmente la revocación del estatus legal temporal otorgado durante la administración de Joe Biden.
El tribunal respaldó la resolución de la jueza Indira Talwani, quien suspendió la terminación del programa por considerarla ilegal al no realizarse una revisión “caso por caso”. Talwani, designada por Barack Obama, argumentó que el gobierno no justificó adecuadamente la necesidad de obligar a estos inmigrantes a abandonar el país o asumir un estatus indocumentado, lo que les impediría trabajar y sostener a sus familias. “No es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no están legalmente presentes”, afirmó la magistrada.
El gobierno, liderado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió que tiene autoridad para cancelar el ‘parole’ y que mantenerlo obligaría a retener a miles de extranjeros en el país. Sin embargo, la corte desestimó estos argumentos, suspendiendo las notificaciones de revocación de permisos de trabajo enviadas a los beneficiarios a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
El programa CHNV, iniciado en 2022, permitió a inmigrantes de estas cuatro naciones ingresar legalmente a EE.UU. con el respaldo de patrocinadores y obtener permisos de residencia y trabajo por dos años, mientras solicitaban otros estatus migratorios, como asilo o el Estatus de Protección Temporal. El gobierno de Trump, que en enero anunció su intención de eliminar gradualmente estos ‘paroles’, alega que fueron abusados por la administración anterior.
Karen Tumlin, abogada del Justice Action Center, celebró la decisión y calificó las acciones del gobierno como “imprudentes e ilegales”. Aunque el Ejecutivo aún puede apelar ante la Corte Suprema, la resolución representa un alivio temporal para los beneficiarios, quienes enfrentaban la disyuntiva de huir del país o arriesgarse a la deportación.
La batalla legal por el ‘parole’ humanitario refleja las tensiones en torno a las políticas migratorias de Trump, que han incluido redadas y restricciones a otros programas migratorios. Por ahora, los inmigrantes bajo el CHNV pueden continuar con su estatus legal mientras se espera una nueva orden judicial.
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