En un hecho sin precedentes, la Fiscalía de Estados Unidos presentó cargos formales contra María del Rosario Navarro Sánchez, ciudadana mexicana de 39 años, por proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera, en este caso el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acusación, presentada ante la Corte del Distrito Oeste de Texas, marca la primera vez que una persona es procesada en ese país por respaldar logísticamente a un cártel mexicano considerado organización terrorista, luego de que el Gobierno de Donald Trump incluyera al CJNG en esa categoría mediante una orden ejecutiva en febrero de este año.
Navarro Sánchez, conocida como Chayo, fue detenida el pasado 4 de mayo en el municipio de Magdalena, Jalisco, por agentes de la Fiscalía General de la República en colaboración con autoridades estadounidenses. En el operativo se le aseguró un rifle multicalibre tipo AR-15, conocido como “El Dorado”.
La fiscalía estadounidense la señala por haber conspirado para suministrar granadas al CJNG, así como por su presunta participación activa en redes de tráfico de armas, drogas, personas y grandes sumas de dinero en efectivo.
Junto a Navarro Sánchez, también fueron imputados Luis Carlos Dávalos-López, de 27 años, y Gustavo Castro-Medina, de 28, ambos también de nacionalidad mexicana, por diversos cargos relacionados con las mismas operaciones delictivas.
De acuerdo con documentos judiciales, Navarro operaba como enlace logístico y operativo del CJNG, y habría colaborado en el tráfico de metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, mientras participaba en mecanismos de financiamiento del grupo mediante la compra de armamento militar a través de intermediarios en Texas.
El Departamento de Justicia destacó la gravedad del caso, al vincular a la acusada con actos de violencia del cártel, incluidos ataques armados contra autoridades mexicanas. Entre ellos, el atentado en 2020 contra Omar García Harfuch, entonces jefe de la policía capitalina, quien fue emboscado con armamento de alto calibre como el que, según la fiscalía, Navarro Sánchez intentó traficar.
Este proceso marca un endurecimiento en la estrategia legal y diplomática de Estados Unidos frente a los cárteles mexicanos, al tratarlos como amenazas internacionales equiparables al terrorismo, y podría abrir la puerta a futuras acusaciones de este tipo en contra de otras figuras vinculadas al crimen organizado.
