Washington, 22 de mayo de 2025 – La administración del presidente Donald Trump llevó a cabo una deportación sin precedentes al enviar a Jesús Muñoz Gutiérrez, un ciudadano mexicano condenado por asesinato en segundo grado, a Sudán del Sur, según confirmó el Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos. La decisión, que también incluyó la expulsión de siete extranjeros de Myanmar, Cuba, Laos, Vietnam y Sudán del Sur, ha generado controversia debido a la aparente negativa del gobierno mexicano a recibir a Muñoz y a las acusaciones de violación de una orden judicial.
El DHS justificó la deportación alegando que los ocho individuos, todos con condenas por crímenes graves, representaban una amenaza para la seguridad nacional. “Llevamos a cabo un vuelo de deportación desde Texas para expulsar a algunos de los individuos más bárbaros y violentos que se encontraban ilegalmente en EE.UU. Ningún país del mundo quería aceptarlos porque sus crímenes son singularmente monstruosos”, afirmó Tricia McLaughlin, vocera del DHS, durante una conferencia de prensa. Según la funcionaria, el Departamento de Estado y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lograron que Sudán del Sur aceptara la custodia de los deportados.
La acción, sin embargo, ha sido cuestionada por el juez federal Brian E. Murphy en Massachusetts, quien el martes ordenó al gobierno de Trump mantener bajo su custodia a los ocho deportados hasta determinar si se respetó el debido proceso. Murphy, en una audiencia de emergencia celebrada este miércoles en Boston, afirmó que la deportación a Sudán del Sur, un país en conflicto armado y bajo advertencia de viaje del Departamento de Estado, “violó incuestionablemente” una orden previa que prohíbe enviar migrantes a terceros países sin notificación adecuada ni oportunidad de impugnar su remoción. El juez señaló que los deportados no recibieron entrevistas de “temor creíble” para evaluar riesgos de persecución o tortura, y advirtió que los funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones por desacato.
El caso de Muñoz Gutiérrez, quien cumplía cadena perpetua en EE.UU., destaca por la decisión de enviarlo a un país sin vínculos con su nacionalidad, lo que ha sido criticado como una violación de los derechos de los migrantes. Inmigración abogados han denunciado que los deportados, incluido Muñoz, recibieron menos de 24 horas de notificación y no tuvieron acceso a sus representantes legales antes del vuelo. La incertidumbre sobre el destino final del avión, que partió de Texas, persiste, ya que el DHS no confirmó explícitamente si Sudán del Sur fue el destino final o solo una escala.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que su país está dispuesto a recibir a ciudadanos mexicanos deportados, pero no ha comentado específicamente sobre el caso de Muñoz. La deportación a Sudán del Sur, un país en el que persisten conflictos armados y una grave crisis humanitaria, ha avivado el debate sobre las políticas migratorias de la administración Trump y su cumplimiento con las leyes internacionales y nacionales.
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