Washington, 28 de mayo de 2025 – El gobierno del presidente Donald Trump pidió este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos suspender una orden judicial que permite a inmigrantes impugnar su deportación a países distintos a su nación de origen, como Sudán del Sur. La solicitud se produce tras un fallo del juez Brian Murphy, de Boston, quien determinó que la Casa Blanca violó una orden previa al deportar a ocho inmigrantes de diversas nacionalidades a ese país africano, considerado peligroso, sin darles oportunidad de argumentar los riesgos que enfrentaban.
El juez Murphy señaló que los inmigrantes, provenientes de países como Cuba, México, Laos, Myanmar, Vietnam y Sudán del Sur, fueron notificados el 19 de mayo de su traslado inicial a Sudáfrica y, posteriormente, a Sudán del Sur, con menos de 16 horas para prepararse y sin acceso real a abogados o familiares. “Es difícil tomar en serio que se pretendiera darles una oportunidad real de presentar una reclamación válida”, escribió el juez, criticando la actuación del gobierno.
En su apelación de emergencia, la Casa Blanca, representada por el procurador general D. John Sauer, argumentó que la orden de Murphy obstaculiza los esfuerzos para deportar a inmigrantes que no pueden regresar a sus países de origen, una tarea que calificó como “delicada diplomacia”. El gobierno destacó los antecedentes penales de los deportados, presentándolos como amenazas a la seguridad nacional, y afirmó que sus países de origen se niegan a recibirlos.
Murphy, en una orden emitida el lunes, acusó al gobierno de Trump de “fabricar caos” y evadir responsabilidades, enfatizando que había otorgado al Ejecutivo “flexibilidad notable” en el caso. Aunque los demandantes solicitaron el retorno de los deportados a EE.UU. para audiencias, el juez propuso realizarlas en Yibuti, donde el avión hizo escala, siempre que los inmigrantes permanecieran bajo custodia estadounidense. Sin embargo, el gobierno alegó que retener a “criminales peligrosos” en un lugar sensible es inviable, a pesar de que esta opción fue sugerida inicialmente por ellos mismos.
El caso refleja la estrategia del gobierno de Trump de recurrir a terceros países para deportar a inmigrantes que no pueden ser enviados a sus naciones de origen, ya sea por negativas de estos países o por temores fundados de persecución. Países como El Salvador, Costa Rica y Panamá han aceptado recibir a algunos deportados, aunque el caso de El Salvador ha generado controversia por el confinamiento de inmigrantes en una “megacárcel” criticada por defensores de derechos humanos.
El juez Murphy subrayó la inseguridad en Sudán del Sur, destacando que el propio gobierno estadounidense ha emitido advertencias contra viajar a ese país. Mientras la Casa Blanca busca expandir acuerdos con otros países para continuar con las deportaciones, el conflicto legal pone en evidencia las tensiones entre las políticas migratorias de Trump y los derechos de los inmigrantes a un debido proceso.
Imágen cortesía:El Economista
