La escena se repite en distintos tribunales del país: inmigrantes detenidos por agentes federales a pocos pasos de haber comparecido ante un juez. Lo que antes era considerado un espacio seguro para el debido proceso, hoy se ha convertido en una zona de temor para miles de personas en procesos migratorios.
Abogados, activistas y hasta legisladores han alzado la voz ante la creciente práctica del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de detener a migrantes en los pasillos y entradas de tribunales, en muchos casos tras asistir a audiencias rutinarias. “Es una locura cuando aparecen”, confesó un trabajador de un tribunal en Hyattsville, Maryland.
La polémica se intensificó tras la derogación de una directriz que limitaba los arrestos en juzgados, decisión respaldada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ahora permite a los agentes coordinarse directamente con el personal de los tribunales para identificar y detener a inmigrantes.
“La capacidad de las fuerzas de seguridad para detener a extranjeros ilegales delincuentes en los juzgados es sentido común”, afirmó una portavoz del DHS. Sin embargo, documentos internos filtrados revelan que los arrestos no solo apuntan a personas con antecedentes penales, sino también a quienes no han cometido delitos y están cumpliendo con sus procesos legales.
Uno de los casos más comentados es el de Dylan, un joven venezolano de 20 años y estudiante del Bronx, detenido por ICE tras una audiencia en Manhattan. No tenía historial criminal y había seguido todas las instrucciones del tribunal. Otros casos reportados incluyen detenciones en estados como Arizona, California, Virginia, Illinois y Nueva York.
“Se está castigando a quienes están siguiendo las reglas”, declaró Kelli Stump, presidenta de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. La profesora Sarah Rogerson, de la Facultad de Derecho de Albany, advirtió que estas prácticas también afectan a inmigrantes que acuden a tribunales estatales por asuntos civiles, como custodia o violencia doméstica.
La estrategia forma parte de una política más amplia del expresidente Donald Trump, que ha ampliado el uso de la llamada “expulsión acelerada” para inmigrantes con menos de dos años en el país. La administración ha defendido estas acciones como parte de su compromiso con el “Estado de derecho”, pero críticos advierten que, lejos de reforzarlo, están socavando la confianza en el sistema judicial.
Con casi cuatro millones de casos de inmigración pendientes, el temor de ser arrestado por asistir a una audiencia podría llevar a muchos a ausentarse, con consecuencias legales graves. “Esta táctica no solo es moralmente incorrecta, sino también contraproducente”, concluyó Stump.
Mientras las cifras de detenciones crecen, también lo hace la presión para revisar una política que, según sus detractores, transforma los tribunales en trampas para quienes buscan justicia.
