En una decisión unánime, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la demanda presentada por el gobierno mexicano contra las empresas armamentistas Smith & Wesson e Interstate Arms. La querella acusaba a las compañías de facilitar el tráfico ilegal de armas hacia México, contribuyendo al fortalecimiento del crimen organizado y al incremento de la violencia armada en el país.
La demanda, presentada originalmente en 2021 ante un tribunal federal en Boston, sostenía que las compañías estadounidenses habían creado y mantenido una red de distribución que permitía que armas de alto poder llegaran a manos de los cárteles mexicanos. Según el gobierno de México, las empresas vendían sus productos a intermediarios conocidos como “compradores de paja”, quienes posteriormente introducían el armamento de manera ilegal en territorio mexicano.
Además, el recurso legal denunciaba que la promoción comercial de algunas de estas armas apelaba explícitamente al imaginario militar, lo que —a juicio de las autoridades mexicanas— incentivaba su uso en actividades delictivas.
No obstante, la Corte Suprema anuló el fallo de una instancia inferior que permitía avanzar con el caso. El alto tribunal se amparó en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), en vigor desde 2005, que otorga inmunidad a los fabricantes cuando sus productos, vendidos legalmente, son utilizados en actos criminales por terceros.
La resolución representa un duro golpe para la estrategia jurídica del gobierno mexicano, que aspiraba a sentar un precedente internacional y reclamaba una indemnización de hasta 10 mil millones de dólares por los daños provocados por el flujo ilegal de armamento.
Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno lamentó la decisión y reafirmó su compromiso de continuar explorando “todas las vías diplomáticas y legales disponibles” para frenar el ingreso de armas ilegales al país.
Analistas consideran que esta resolución podría frenar intentos similares en otras naciones afectadas por el tráfico transfronterizo de armas, consolidando la protección legal de los fabricantes en Estados Unidos frente a demandas extranjeras.
Mientras tanto, México enfrenta el desafío de fortalecer su estrategia internacional para combatir un problema que, según estimaciones oficiales, ha contribuido a más de medio millón de muertes violentas en las últimas dos décadas.
