Washington, 16 de julio de 2025.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha intensificado sus esfuerzos para localizar a inmigrantes indocumentados al exigir a propietarios de viviendas información detallada sobre sus inquilinos, como contratos de alquiler, solicitudes, direcciones futuras y documentos de identificación. Esta táctica, que podría formar parte de la campaña de deportaciones masivas de la administración de Donald Trump, ha generado confusión y preocupación entre arrendadores y defensores de los derechos de los inmigrantes.
Eric Teusink, abogado de bienes raíces en Atlanta, reveló que varios de sus clientes recibieron citaciones de ICE solicitando expedientes completos de inquilinos, incluyendo historial laboral, estado civil y relaciones familiares. Una de estas citaciones, fechada el 1 de mayo y firmada por un funcionario de la unidad antifraude del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), no cuenta con la autorización de un juez, lo que plantea dudas legales sobre su obligatoriedad.
Expertos como Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho de la Universidad de Tulane, advierten que cumplir con estas citaciones podría violar la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional. Además, señalan que los propietarios podrían sentirse intimidados por el lenguaje amenazante de las citaciones, que advierten sobre posibles sanciones legales, como el desacato judicial, aunque no estén respaldadas por una orden judicial.
Lindsay Nash, profesora de la Facultad de Derecho Cardozo, explicó que ICE puede intentar hacer cumplir estas citaciones, pero primero debe presentar una demanda en un tribunal federal para obtener la autorización de un juez, lo que da a los arrendadores la oportunidad de oponerse. Sin embargo, muchos cumplen sin notificar a los inquilinos afectados, lo que pone en riesgo la privacidad de estos últimos.
Anthony Luna, director ejecutivo de Coastline Equity, que gestiona unas 1,000 unidades de vivienda en Los Ángeles, indicó que los inquilinos están preocupados por rumores sobre estas citaciones, y la mayoría de los administradores de propiedades no planean cumplirlas a menos que estén firmadas por un juez. “Si persiguen a delincuentes, ¿por qué no revisan los documentos judiciales?”, cuestionó Luna.
Jordana Roubicek Greenman, abogada de bienes raíces en Boston, reportó que un cliente recibió un mensaje de voz de un agente de ICE solicitando información sobre un inquilino, y otros propietarios en la zona han recibido peticiones similares. Ella recomendó no responder a estas solicitudes.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, defendió el uso de estas citaciones, afirmando que ICE está autorizado a obtener registros mediante citaciones administrativas y que el incumplimiento puede acarrear “graves sanciones legales”. Sin embargo, no confirmó la cantidad ni el alcance de estas solicitudes.
Grupos de defensa de inmigrantes han intensificado campañas como “Conoce tus derechos”, instando a rechazar citaciones no firmadas por un juez. Esta nueva estrategia de ICE, que se suma a un aumento de citaciones durante el primer mandato de Trump, según Nash, refleja un enfoque más agresivo para rastrear a indocumentados, muchos de los cuales proporcionaron sus direcciones al ingresar al país como condición para su entrada sin visa.
Imágen cortesía: WorldRemit
