Washington, D.C., 14 de agosto de 2025. La reciente legislación presupuestaria impulsada por el presidente Donald Trump, conocida como la “One Big Beautiful Bill Act”, introducirá cambios significativos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), afectando a millones de estadounidenses de bajos ingresos. Según un informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), aproximadamente 2.4 millones de personas podrían perder el acceso a los cupones de alimentos debido a nuevas restricciones, especialmente en los requisitos laborales.
Nuevos requisitos laborales impactan a padres y veteranos
La ley amplía las exigencias laborales para los beneficiarios de SNAP. Anteriormente, ciertos adultos sin discapacidades debían trabajar al menos 20 horas semanales para recibir beneficios por más de tres meses. Ahora, se requerirá que los padres con hijos mayores de 14 años trabajen, realicen voluntariado o participen en programas de capacitación laboral por al menos 80 horas al mes. Esta medida afectará a unos 300,000 adultos que viven con menores de edad, según estimaciones de la CBO.
Además, la legislación elimina exenciones previas para veteranos, personas sin hogar y jóvenes de 18 a 24 años que salieron de hogares de acogida al alcanzar la mayoría de edad. A partir de 2026, estos grupos también deberán cumplir con los requisitos laborales o enfrentarán la pérdida de beneficios, lo que podría afectar a unas 300,000 personas adicionales.
Restricciones para no ciudadanos y reducción de subsidios
La nueva ley también limita la elegibilidad de SNAP a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes con “green card”, excluyendo a inmigrantes con asilo, parole humanitario o estatus de refugiado, salvo algunas excepciones como ciudadanos cubanos y haitianos. La CBO calcula que unas 90,000 personas perderán acceso al programa cada mes debido a estas restricciones.
Otro cambio significativo es la eliminación del subsidio automático para calefacción y aire acondicionado en hogares sin miembros ancianos o discapacitados. Este ajuste, que afecta los cálculos de deducciones por gastos de vivienda, reducirá los beneficios mensuales de SNAP en aproximadamente $100 para cerca del 3% de los hogares entre 2026 y 2034.
Impacto económico y controversia política
La CBO estima que las modificaciones al SNAP, junto con recortes a otros programas como Medicaid, disminuirán las transferencias federales y estatales en $900,000 millones, afectando los ingresos de los hogares más vulnerables. Los recortes, que representan una reducción de casi el 20% del presupuesto de SNAP hasta 2034, han generado un fuerte debate político.
Los demócratas han criticado la legislación, argumentando que perjudica a las familias de bajos ingresos y aumenta la inseguridad alimentaria, mientras beneficia a los más ricos con recortes fiscales. “Este proyecto de ley es para los multimillonarios, pero hará más pobres a la clase trabajadora”, afirmó el representante Brendan Boyle, demócrata del Comité Presupuestario de la Cámara.
Por su parte, los republicanos defienden la ley, afirmando que promueve la autosuficiencia y reduce el gasto federal. Sin embargo, el representante Jason Smith, presidente republicano del Comité de Medios y Arbitraje, cuestionó la metodología de la CBO, acusándola de tener un historial de estimaciones imprecisas y sesgo a favor de mayores impuestos.
Preocupaciones por el impacto social
Con más de 42 millones de estadounidenses dependiendo de SNAP, los cambios podrían agravar la inseguridad alimentaria, especialmente en un contexto de precios de alimentos elevados. Organizaciones de defensa de la seguridad alimentaria advierten que las nuevas restricciones administrativas y laborales podrían dificultar el acceso al programa, incluso para aquellos que cumplen con los requisitos, debido a trámites burocráticos.
Los recortes al SNAP no solo afectan a los beneficiarios, sino también a las economías locales, ya que cada dólar gastado en el programa genera aproximadamente $1.50 en actividad económica, según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. Con la implementación de estas medidas, se espera un aumento en la presión sobre bancos de alimentos y tiendas locales, especialmente en áreas rurales.
La legislación, aprobada en julio de 2025, continúa generando controversia mientras los legisladores regresan a sus distritos para explicar sus posturas a los votantes.
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