3 de octubre 2025
El cierre parcial del Gobierno federal de Estados Unidos, iniciado el 1 de octubre a las 12:01 a.m. ET, está afectando diversas operaciones nacionales, con repercusiones notables en los aeropuertos y ciertos procesos de inmigración. Aunque la mayoría de los servicios esenciales continúan, miles de empleados federales trabajan sin sueldo, lo que podría derivar en demoras y ausentismo, especialmente en el sector del transporte aéreo y la verificación laboral para inmigrantes.
En los aeropuertos, los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) se consideran personal esencial y deben reportar a sus puestos incluso sin pago, como ocurrió durante el cierre de 2018-2019, cuando el 10% de los trabajadores llamó enfermo, causando colas de hasta tres horas en puntos de control. Expertos advierten que un cierre prolongado podría repetir este escenario, con líneas más largas en revisiones de seguridad y posibles retrasos en vuelos, según reportes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La TSA estima que la mayoría de sus aproximadamente 60,000 empleados permanecerán en servicio, pero el impacto financiero podría llevar a mayor ausentismo. Controladores aéreos de la Administración Federal de Aviación (FAA) también operan como esenciales, aunque con riesgos de interrupciones si el paro se extiende.
En el ámbito migratorio, el impacto es mixto. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que las operaciones consulares, tanto nacionales como en el extranjero, seguirán activas, incluyendo la emisión de pasaportes, visas y asistencia a ciudadanos estadounidenses en el exterior. Estas funciones se financian principalmente con tasas cobradas a los solicitantes, lo que las protege de las interrupciones presupuestarias. Embajadas y consulados mantienen sus servicios programados “en la medida que la situación lo permita”, aunque las actualizaciones en sitios web y redes sociales serán limitadas.
Sin embargo, no todos los procesos escapan al cierre. La plataforma E-Verify del DHS, que verifica la elegibilidad laboral de empleados en EE.UU., ha quedado inactiva, impidiendo a las empresas crear nuevos casos y potencialmente retrasando contrataciones de trabajadores inmigrantes. Además, el Departamento de Trabajo (DOL), vinculado a varios visados de empleo, ha suspendido la aceptación de nuevas solicitudes de Certificación Laboral Permanente (PERM), esencial para la residencia permanente de muchos extranjeros. Esto también paraliza las Solicitudes de Condición Laboral (LCA) requeridas para visas H-1B y E-3, usadas por profesionales especializados.
Abogadas de inmigración como Olga Ayo, de Citizen Concierge, han alertado que estos retrasos podrían extenderse desde un día hasta más de un mes, dependiendo de la duración del cierre. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) estima que solo el 1% de su personal sería suspendido, pero con backlogs preexistentes, el efecto podría agravar demoras en adjudicaciones. En contraste, agencias como Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mantendrán la mayoría de operaciones, con solo el 17% de empleados de ICE en furlough, gracias a fondos previos asignados. Casos de corte de inmigración para detenidos continuarán, mientras que los no detenidos se reprogramarán.
El cierre, causado por la falta de acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto fiscal 2026, afecta a unos 2 millones de empleados federales, muchos de los cuales recibirán pago retroactivo una vez resuelto. Mientras tanto, el DHS calcula que solo 14,000 de sus 274,000 empleados serán enviados a casa, priorizando fronteras y seguridad. Este episodio, el primero en siete años, subraya la fragilidad presupuestaria y podría generar pérdidas económicas estimadas en miles de millones si se prolonga.
Imágen cortesía: El Universal
