El empresario José Francisco Mendoza Gómez, vinculado a contratos de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, aceptó formalmente un acuerdo de culpabilidad ante la Corte del Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos, por delitos relacionados con conspiración para el narcotráfico y lavado de dinero.
Con esta decisión, el gobierno estadounidense tendrá acceso total a su información financiera, fiscal y comercial, incluyendo declaraciones de impuestos, movimientos de activos y propiedades a su nombre o de terceros, así como cuentas bajo fideicomisos o entidades empresariales.
Mendoza Gómez fue trasladado a territorio estadounidense en agosto de 2025, junto con otros reos requeridos por autoridades federales. Según el Departamento de Justicia, su caso forma parte de una investigación más amplia contra una red de financiamiento ligada al narcotráfico.
Los documentos judiciales revelan que el empresario renunció a su derecho de apelación y aceptó la pérdida de bienes y activos relacionados con las operaciones ilícitas. También deberá someterse a exámenes financieros, declaraciones patrimoniales y polígrafo para verificar la veracidad de su información económica.
En México, Mendoza Gómez ha sido identificado como representante de empresas contratistas de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas, encabezada por Pedro Cepeda Anaya, y de municipios como Ciudad Victoria, gobernado por Eduardo Gattás Báez, donde participó en proyectos de infraestructura.
La firma del empresario en el acuerdo judicial estadounidense coincide con la utilizada en documentos oficiales de contratación en Tamaulipas, lo que contradice las declaraciones del titular de Obras Públicas, quien ha negado su participación directa en licitaciones estatales.
El acuerdo de culpabilidad contempla una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. La audiencia de sentencia será programada en los próximos meses.
Fuentes cercanas al proceso señalan que, debido a la clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en Estados Unidos, las autoridades norteamericanas podrían ampliar las investigaciones hacia las relaciones comerciales y financieras del empresario con funcionarios y contratistas en Tamaulipas.
