Washington, 10 de diciembre de 2025
El Departamento de Estado confirmó que, desde la toma de posesión del presidente Donald Trump en enero, se han cancelado más de 85.000 visas de todas las categorías, lo que representa un aumento del 50 % respecto al mismo periodo de 2024.
De acuerdo con cifras oficiales, cerca de la mitad de las revocaciones (aproximadamente 42.500) se deben a antecedentes penales, principalmente por delitos como conducción bajo influencia de alcohol o drogas, agresiones y robos. El resto incluye excedencia de tiempo permitido, preocupaciones de seguridad nacional y, en algunos casos, acusaciones de apoyo al terrorismo.
Entre los afectados figuran más de 8.000 estudiantes internacionales, varios de ellos involucrados en protestas universitarias y señalados por el gobierno por presunto respaldo a organizaciones consideradas terroristas o por celebrar actos violentos.
El Departamento de Estado defendió las medidas como parte del proceso habitual de revisión posterior a la emisión de visas, afirmando que se actuó cuando surgieron “indicadores de inelegibilidad”, incluidos registros policiales o riesgos para la seguridad pública.
Organizaciones de derechos civiles y abogados de inmigración han criticado la magnitud y rapidez de las revocaciones, señalando que afectan también a personas con infracciones menores y que, en algunos casos, podrían vulnerar derechos de libertad de expresión. Varios afectados han recibido notificaciones abruptas de cancelación mientras se encontraban ya en territorio estadounidense, enfrentándose de inmediato a procedimientos de deportación.
La medida se enmarca en la ofensiva migratoria más amplia de la actual administración, que incluye la paralización de reasentamientos de refugiados, revisiones masivas de estatus otorgados en años anteriores y el refuerzo de controles internos.
Imágen cortesía: El Cronista
