Un juez federal puso alto al despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles ordenado por el presidente Donald Trump y determinó que el mando de las tropas debe regresar al gobernador de California, Gavin Newsom, quien desde el inicio calificó la acción como “ilegal”.
La decisión fue emitida por el juez Charles Breyer, quien respaldó la postura del gobierno estatal y ratificó un fallo previo que consideraba inconstitucional el envío de más de 4 mil soldados sin la autorización del mandatario californiano, un hecho sin precedentes en seis décadas en Estados Unidos.
El despliegue se realizó en junio para contener protestas vinculadas a redadas migratorias, pese a que la policía local había controlado las manifestaciones. Breyer desechó el argumento del gobierno federal de que se trataba de una “rebelión” que justificara la presencia continua de tropas.
Newsom celebró el fallo y acusó a la Casa Blanca de haber afectado “operaciones esenciales” de seguridad pública durante la intervención militar. La Administración Trump, no obstante, ya anunció que apelará la resolución.
Actualmente, de los 4 mil 300 soldados que llegaron a estar bajo control federal, quedan poco más de 300. Intentos del Pentágono por desplegar personal de California en Portland también fueron frenados por otra jueza federal.
La orden del juez entrará en vigor el próximo lunes, plazo que permitirá al gobierno federal presentar su apelación.
