Washington, D.C. – 12 de diciembre de 2025 – El presidente Donald Trump promulgó una orden ejecutiva que prohíbe a los estados regular la inteligencia artificial (IA), limitando su capacidad para implementar o aplicar leyes existentes en esta materia. La medida, firmada en una ceremonia en la Oficina Oval, busca establecer un marco regulatorio exclusivamente federal, argumentando que la fragmentación estatal obstaculiza la innovación y la competitividad de Estados Unidos frente a rivales como China.
“Las empresas de IA quieren estar en Estados Unidos y quieren hacerlo aquí, y tenemos grandes inversiones en camino. Pero si tuvieran que obtener 50 aprobaciones de 50 estados diferentes, podríamos olvidarnos de ello”, declaró Trump durante el evento, flanqueado por el senador republicano Ted Cruz de Texas, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el zar de IA de la Casa Blanca, David Sacks. La orden surge tras el fracaso de iniciativas legislativas similares en el Congreso, incluyendo un intento fallido en julio y otro a finales de noviembre, cuando republicanos de la Cámara de Representantes propusieron —y luego retiraron— una disposición en la Ley de Autorización de Defensa Nacional para reservar la regulación de IA al ámbito federal.
Trump había anticipado la firma en una publicación en Truth Social el lunes, insistiendo en que “solo debe haber un manual de reglas si queremos seguir liderando el campo de la inteligencia artificial”. Sacks, capitalista de riesgo de Silicon Valley, respaldó la medida en X, describiéndola como una reserva constitucional del “comercio interestatal” para el Gobierno federal. “Tenemos 50 estados que van en 50 direcciones diferentes. Simplemente no tiene sentido”, enfatizó Sacks en la ceremonia, añadiendo que la orden evita un “mosaico confuso de regulaciones” y promueve una “norma federal única”.
Los defensores de la orden, como Cruz, la enmarcan en una carrera geopolítica por el dominio de la IA. “Es una carrera y, si China la gana, independientemente de quién resulte vencedor, los valores de ese país afectarán a toda la IA”, advirtió el senador. “No queremos que los valores de China, basados en la vigilancia y el control centralizado por parte del Gobierno comunista, rijan la IA. Queremos los valores estadounidenses de libertad de expresión, libertad individual y respeto al individuo”.
Sin embargo, críticos de ambos bandos políticos han calificado la orden como un obstáculo para la protección ciudadana y un favor a las grandes tecnológicas. Brad Carson, director del grupo bipartidista Americans for Responsible Innovation y excongresista, la tildó de “otro intento de impulsar una política impopular y poco acertada”. “Las grandes tecnológicas han fracasado dos veces en su intento de lograr una legislación que brinde amnistía a la IA”, afirmó Carson, prediciendo que será bloqueada en los tribunales. Mackenzie Arnold, directora de política estadounidense del Instituto de Derecho e Inteligencia Artificial, cuestionó la lógica constitucional: “Siguiendo esa misma lógica, los estados no podrían aprobar leyes de seguridad de los productos, casi todas las cuales afectan a empresas de otros estados que venden sus productos a nivel nacional. Pero esas leyes son el ejemplo clásico de legislación estatal aceptable”.
La orden llega en un momento de creciente preocupación pública por la IA, desde su impacto ambiental —como el aumento de la contaminación, los precios de la electricidad y el ruido de los centros de datos— hasta riesgos para la salud mental de los adolescentes por chatbots. Incluso dentro del movimiento MAGA, voces como Steve Bannon han expresado escepticismo. En su podcast War Room, Bannon criticó que “hay más regulaciones para abrir un salón de manicura en Capitol Hill que para los laboratorios de tecnología de punta. No tenemos ni idea de lo que están haciendo”.
Demócratas como el senador Ed Markey de Massachusetts la han denunciado como “un regalo de Navidad adelantado para sus amigos directores ejecutivos multimillonarios”, calificándola de “irresponsable, miope y un ataque a la capacidad de los estados para proteger a los ciudadanos”. Mientras el Congreso avanza lentamente en una regulación federal integral, estados como California —donde el gobernador Gavin Newsom firmó recientemente una ley para regular a las principales empresas de IA— podrían ver sus esfuerzos judicializados.
La Casa Blanca defiende la orden como esencial para mantener la “ventaja” estadounidense en IA, pero analistas advierten que podría exacerbar divisiones políticas y judiciales. Con apelaciones probables en cortes federales, el futuro de la regulación de IA en EE.UU. pende de un hilo, en un debate que trasciende ideologías y pone en jaque el equilibrio entre innovación y salvaguarda pública.
Imágen cortesía: BBC
