Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora cercana del fallecido financiero Jeffrey Epstein, se negó este lunes a responder preguntas de legisladores estadounidenses al invocar su derecho constitucional a no autoincriminarse, en medio de un renovado escrutinio político sobre la red de abusos sexuales que operó durante años.
La comparecencia estaba prevista vía videollamada desde una prisión federal en Texas, donde Maxwell cumple una condena de 20 años por delitos de tráfico sexual. El objetivo de los legisladores era indagar cómo Epstein logró abusar de menores durante tanto tiempo sin ser detenido, así como identificar a posibles facilitadores o encubridores.
A través de su abogado, Maxwell reiteró que considera injusta su sentencia y que busca la anulación de su condena. La defensa afirmó además que la exsocialité estaría dispuesta a testificar “libremente” si recibe un indulto presidencial, una facultad exclusiva del mandatario estadounidense, Donald Trump.
La postura generó fuertes críticas entre legisladores demócratas, quienes acusaron a Maxwell de utilizar su silencio como una estrategia para presionar políticamente en busca del perdón presidencial. Hasta el momento, Trump no se ha pronunciado públicamente en contra de esa posibilidad.
La negativa de Maxwell se produce mientras el Congreso intensifica sus esfuerzos por revisar el entramado de relaciones alrededor de Epstein. Este mismo lunes, legisladores demócratas anunciaron que examinarán versiones sin censura de los archivos del caso, recientemente difundidos por el Departamento de Justicia para cumplir con una ley aprobada el año pasado.
Aunque los abogados de Maxwell habían advertido que no respondería preguntas, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, insistió en llevar adelante la citación. Comer enfrenta presiones internas luego de exigir también la comparecencia del expresidente Bill Clinton y de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quienes aceptaron rendir declaración tras ser advertidos sobre posibles cargos por desacato.
El caso Epstein, lejos de cerrarse, vuelve así al centro del debate político en Estados Unidos, con nuevas tensiones entre el Congreso, el sistema judicial y la Casa Blanca.
