Chihuahua, 14 de mayo de 2026.- Guillermo Arturo Zuany Portillo presentó su renuncia como Fiscal de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, tras el inicio de un procedimiento administrativo por una presunta omisión en el caso del laboratorio clandestino desmantelado en el municipio de Morelos.
De acuerdo con información oficial de la Fiscalía estatal, la salida de Zuany Portillo se vincula directamente con las investigaciones sobre el operativo en el que participaron elementos extranjeros, presuntamente relacionados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y que derivó en cuestionamientos sobre el manejo del caso.
El pasado 12 de mayo, Wendy Paola Chávez, encargada de la Unidad Especializada para la Investigación, presentó avances del caso en los que se documentó un patrón de convivencia informal entre personas extranjeras y funcionarios de la FGE, incluyendo al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación. Chávez detalló que al convoy que se dirigió al laboratorio se integraron cuatro civiles sin insignias identificatorias.
Además, se registró la presencia de uno de estos presuntos extranjeros al interior de las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas el 16 de abril, portando un arma larga, así como visitas previas en al menos dos ocasiones antes del operativo.
La renuncia fue anunciada el 13 de mayo, un día después de la actualización de la Unidad Especializada. Las autoridades confirmaron que se inició un procedimiento administrativo contra el fiscal por posible omisión en el manejo del caso.
Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una línea de investigación contra la Fiscalía de Chihuahua por presunta invasión de competencia federal, al considerar que el Gobierno del estado habría incurrido en acciones de seguridad nacional —exclusivas del ámbito federal— y posibles alianzas con instancias extranjeras.
El caso del laboratorio clandestino en Morelos ha generado múltiples cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades estatales, federales y posibles actores internacionales, así como sobre el control de evidencias y la cadena de custodia de los hallazgos.
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