La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostiene que los eventos multitudinarios realizados durante sus recorridos por el país son actos institucionales de gobierno y ejercicios de rendición de cuentas, no mítines políticos con fines electorales.
Durante estas asambleas, la mandataria presenta los avances de su administración, informa sobre obras e inversiones públicas y explica el funcionamiento de los Programas para el Bienestar. El Gobierno federal argumenta que su objetivo es mantener informada a la población y acercar los resultados de la gestión presidencial a cada entidad.
La discusión cobró nuevamente relevancia tras el inicio de una gira nacional posterior a su Segundo Informe de Gobierno, presentado el pasado primero de septiembre. Sheinbaum anunció recorridos por diferentes estados y un mensaje de cierre en la Ciudad de México.
La administración federal asegura que estos encuentros son independientes del informe presidencial formal entregado al Congreso y que representan un mecanismo de comunicación directa con la ciudadanía. También sostiene que durante los eventos no se solicita el voto ni se condiciona la entrega de apoyos sociales.
Sin embargo, la naturaleza de las concentraciones ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, la exposición de la imagen presidencial y su posible impacto político de cara a futuros procesos electorales.
El artículo 134 de la Constitución establece que los recursos públicos deben utilizarse con imparcialidad y que la propaganda gubernamental debe tener fines institucionales, informativos, educativos o de orientación social. Además, prohíbe que sea empleada para influir en la competencia entre partidos o promover de manera personalizada a funcionarios.
Existe un antecedente relacionado con la gira de rendición de cuentas realizada por Sheinbaum después de su Primer Informe de Gobierno. Aquellos actos fueron denunciados por presunta promoción personalizada, difusión indebida del informe y uso irregular de recursos públicos.
Al revisar el caso, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que las infracciones denunciadas eran inexistentes. Consideró que los eventos constituían una estrategia de comunicación gubernamental separada del informe formal y que se realizaron fuera de un proceso electoral, sin llamados expresos al voto.
No obstante, las autoridades electorales han señalado que este tipo de actos deben respetar en todo momento los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad. Su legalidad depende del contenido de los mensajes, el momento en que se realizan y la forma en que se emplean los recursos públicos.
Por ahora, el Gobierno federal mantiene que las giras forman parte de las responsabilidades de la Presidencia y que su finalidad es informar directamente a la población sobre las acciones, programas y resultados de la administración.
