Los Ángeles, 8 de diciembre de 2025 – Nuevos datos revelan que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han arrestado a cerca de 75.000 personas sin historial delictivo entre el 20 de enero y el 15 de octubre de este año, en medio de una ofensiva migratoria intensificada por la administración Trump.
Desde la toma de posesión del presidente Donald Trump, el Gobierno federal ha implementado políticas más estrictas en materia de inmigración, lo que ha resultado en la detención de aproximadamente 220.000 individuos durante los primeros nueve meses de su mandato. Esta información proviene del Data Deportation Project, un colectivo de investigación afiliado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley, California.
Las estadísticas subrayan una preocupante tendencia: menos del 10% de los inmigrantes bajo custodia de ICE desde octubre de 2025 enfrentan condenas por delitos graves, lo que pone en evidencia un enfoque amplio que afecta principalmente a personas sin vínculos penales.
Este incremento en las operaciones coincide con un repunte de actividad en urbes gobernadas por alcaldes demócratas, como Nueva Orleans y las Twin Cities (Minneapolis y Saint Paul). En estas localidades, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reportado decenas de arrestos recientes, dejando a miles de residentes indocumentados en una situación de alto riesgo.
El DHS no ha emitido comentarios sobre estas cifras, a pesar de las solicitudes de aclaración.
En un caso emblemático que ilustra la tensión en las calles, una mujer relató cómo agentes de ICE la persiguieron hasta su hogar en Los Ángeles, un incidente capturado en video que ha avivado el debate sobre los métodos de las autoridades migratorias.
Estos datos, publicados en un dashboard interactivo accesible al público, generan preocupación entre defensores de los derechos humanos, quienes advierten que las redadas masivas podrían violar principios constitucionales y exacerbar la división social en el país. La oposición demócrata ha calificado la estrategia como “desproporcionada” y ha instado a una revisión inmediata de las directrices de ICE.
A medida que se acerca el fin de año, las comunidades inmigrantes permanecen en alerta, mientras el Congreso debate posibles reformas a la legislación migratoria.
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