3 de octubre de 2025
Especialistas en ciberseguridad han advertido sobre graves vulnerabilidades en los sistemas de protección de datos biométricos gestionados por entidades públicas del Gobierno federal, estatal y municipal en México, lo que podría facilitar un robo masivo de identidades si no se corrigen de inmediato. Víctor Ruiz, CEO de la empresa SILIKN, enfatizó que los proyectos impulsados por la actual Administración federal presentan fallos estructurales que, de no atenderse, derivarían en fugas generalizadas de información sensible, como huellas dactilares, reconocimiento facial e iris, utilizados en documentos como la CURP biométrica.
En su declaración desde la Ciudad de México, Ruiz subrayó que estas debilidades no solo exponen a los ciudadanos a suplantaciones de identidad, sino que también comprometen trámites esenciales en banca, salud y servicios gubernamentales. “La biometría está transformando la validación de identidades, pero su implementación apresurada sin robustos controles de seguridad abre puertas a ciberdelincuentes”, alertó, al recordar que los datos biométricos, a diferencia de contraseñas, no se pueden cambiar una vez robados, lo que genera riesgos permanentes.
Esta preocupación se enmarca en el contexto de la reciente expansión de la CURP biométrica, cuya implementación progresiva comenzó en 2024 y se acelera en 2025 en estados como Veracruz, donde ya es obligatoria en ciudades como Xalapa y Poza Rica para combatir fraudes. El documento, que integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, busca fortalecer la identificación única, pero expertos como María Isabel Manjarrez, investigadora de Kaspersky para América Latina, han reportado que al menos el 13% de los mexicanos ya ha sido víctima de robo de identidad ligado al mal uso de datos biométricos. Además, el 37% de las computadoras que procesan esta información ha enfrentado intentos de malware, según estudios recientes.
Más de la mitad de la población mexicana expresa desconfianza hacia tecnologías como el reconocimiento facial en banca digital, citando miedos a brechas de seguridad. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) proyecta que las pérdidas por fraudes de identidad alcancen los 17 mil 400 millones de pesos en 2025, un repunte del 84% respecto a años previos, con el Estado de México liderando los casos. Vulnerabilidades en bases centralizadas, como la propuesta Agencia de Transformación Digital, podrían concentrar datos de hasta 130 millones de personas, atrayendo ataques de hackers locales, extranjeros o incluso insiders gubernamentales.
Ruiz recomendó medidas urgentes, como auditorías independientes, encriptación avanzada y autenticación multifactor en todos los sistemas biométricos. Instó a los usuarios a registrar sus datos solo en plataformas oficiales, revisar políticas de privacidad y monitorear cuentas financieras regularmente. Mientras tanto, organizaciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) han procesado más de 88 mil solicitudes de verificación biométrica hasta marzo de 2025, compartiendo información con otras instituciones desde 2016, lo que amplifica los riesgos si no se fortalece la ciberdefensa.
Este llamado llega en un momento crítico, con la CURP biométrica posicionándose como el documento universal de identidad en 2025, reemplazando gradualmente a la credencial del INE. Sin intervenciones inmediatas, advierten los expertos, México podría enfrentar una crisis de privacidad que erosione la confianza en el Gobierno digital y facilite delitos como suplantaciones en créditos, pagos y votaciones. Autoridades federales no han emitido comentarios oficiales, pero se espera que el Congreso aborde reformas a la Ley General de Población para mitigar estos peligros.
Imágen cortesía: Reforma
