El almirante estadounidense Frank Bradley negó haber ordenado la muerte de dos sobrevivientes durante un operativo militar contra una lancha sospechosa de transportar drogas el pasado 2 de septiembre en aguas del Caribe, según informó el senador republicano Tom Cotton tras una reunión a puerta cerrada en el Capitolio.
Bradley compareció ante los comités de Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes, que investigan la legalidad de las acciones militares realizadas en el marco de la campaña antidrogas impulsada por el presidente Donald Trump. La sesión tuvo lugar luego de que legisladores de ambos partidos exigieran respuestas tras una publicación de The Washington Post, que reportó la existencia de un segundo ataque supuestamente dirigido a eliminar a los dos tripulantes que sobrevivieron al bombardeo inicial, en el que murieron once personas.
Cotton defendió la actuación del almirante y afirmó que, de estar en su posición, habría autorizado “múltiples ataques”. La postura contrastó con la del demócrata Jim Himes, quien calificó lo visto en la reunión como “una de las cosas más inquietantes” que ha presenciado y aseguró que en el video del segundo bombardeo se observa a dos personas vulnerables siendo asesinadas por las fuerzas estadounidenses.
Consultado desde la Casa Blanca, Trump anunció que el Pentágono difundirá el video del ataque adicional, aunque minimizó la gravedad del caso. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, también ha intentado restar importancia a la polémica y dijo no haber supervisado directamente la operación.
Un funcionario del Departamento de Defensa declaró a NBC News que, para Bradley, los sobrevivientes eran objetivos militares legítimos, presuntamente identificados como “narcoterroristas”. Tras el primer ataque, los dos tripulantes habrían intentado comunicarse con otra embarcación sospechosa de participar en actividades de narcotráfico, según fuentes cercanas a la investigación.
El Pentágono informó que, desde el inicio de estas operaciones en agosto, se han llevado a cabo 21 ataques contra embarcaciones sospechosas, con un saldo de 82 personas muertas, todas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.
La Casa Blanca sostiene que las lanchas atacadas estarían conectadas con organizaciones criminales venezolanas como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, catalogadas como grupos terroristas por Washington en el marco de su despliegue militar en el Caribe y de su creciente presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
