Tijuana, Baja California, 25 de junio de 2025.- La Cámara de Diputados de México aprobó este martes una reforma a la Ley de la Guardia Nacional que permite a sus integrantes postularse a cargos de elección popular y formaliza su transferencia al control del Ejército, desatando críticas de la oposición por una posible militarización de la vida pública.
Con 349 votos a favor y 132 en contra, la reforma establece que los elementos de la Guardia Nacional que busquen un escaño en la Cámara de Diputados deberán separarse de su cargo 90 días antes, mientras que para la Presidencia de la República el plazo será de seis meses previos a la elección. Esta medida complementa la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, que trasladó el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La oposición, encabezada por Movimiento Ciudadano, expresó su rechazo, argumentando que el proceso legislativo fue apresurado y careció de un debate profundo. El diputado Pablo Vázquez Ahued señaló la preocupación de su bancada ante el riesgo de que el partido gobernante, Morena, apruebe rápidamente otras 15 reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluyendo dos relacionadas con seguridad. Por su parte, la legisladora Laura Ballesteros advirtió que la reforma “abre la puerta a la militarización” y pone en riesgo el carácter civil del Estado mexicano.
Analistas destacaron que estas reformas marcan un cambio significativo en la estrategia de seguridad del país. José Oliva Posada, experto en seguridad nacional, señaló que contrastan con la “no estrategia” del sexenio anterior, mientras que Gerardo Rodríguez, de la Universidad de las Américas, comparó el modelo de la Guardia Nacional con el de policías nacionales de formación militar en países como Italia y Colombia.
Desde Palacio Nacional, la consejera jurídica Ernestina Godoy defendió la reforma, asegurando que fortalece la seguridad sin vulnerar la privacidad ni los datos personales. La presidenta Sheinbaum subrayó la importancia de la coordinación entre fiscalías estatales para reducir la impunidad, un objetivo central de las tres leyes de seguridad propuestas, que incluyen la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, cuya discusión está programada para esta semana.
El proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados fue turnado al Senado para su revisión y, de ser aprobado, se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
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