Un pequeño despacho de abogados de Texas rechazó participar en un contrato federal de 150 millones de dólares destinado a representar legalmente a menores migrantes que ingresaron solos a Estados Unidos, lo que aumenta la incertidumbre sobre quién asumirá su defensa.
El gobierno del presidente Donald Trump había seleccionado a Burke Law Group, firma con sede en Houston y menos de 30 abogados, para cubrir parte del vacío generado tras el vencimiento de los convenios con cerca de 100 proveedores especializados.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) confirmó que el bufete decidió no presentar una solicitud y, por lo tanto, no recibió recursos federales. La dependencia no explicó los motivos del rechazo.
Burke Law Group señaló en redes sociales que únicamente había considerado competir por una pequeña parte del contrato. La firma tampoco detalló las razones por las que finalmente decidió retirarse.
La situación genera dudas sobre la representación de miles de menores sometidos a procesos migratorios. Aunque otro organismo brinda asistencia temporal, su contrato concluirá en diciembre y todavía no se ha informado qué ocurrirá posteriormente.
Los proveedores anteriores estimaron que alrededor de mil 800 niños permanecían en albergues federales, mientras aproximadamente 22 mil enfrentaban procesos de deportación después de ser entregados a familiares o patrocinadores.
El Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes (USCRI) recibió un contrato temporal por 20 millones de dólares para proporcionar representación hasta finales de año. Sin embargo, la incorporación de sus abogados habría generado confusión en algunos tribunales, debido a que comenzaron a presentarse como defensores de menores a quienes todavía no conocían.
La fundadora de Burke Law Group, Marcella Burke, trabajó durante el primer mandato de Trump en la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento del Interior. El despacho cuenta con pocos integrantes con experiencia relevante en derecho migratorio.
La legislación estadounidense contempla medidas especiales para proteger a los menores que llegan sin un adulto y enfrentan procedimientos de deportación. Ante el rechazo del contrato, permanece pendiente la definición de un esquema estable que garantice su representación legal.
